Madrid. Una habitación en un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esa misma localidad, durante seis fines de semana con un coste para las arcas públicas de 6.000 euros, así como el desplazamiento hasta la ciudad malagueña de siete escoltas con unos gastos estimados en 27.000 euros, en total, 33.000 euros. Esa es la cantidad que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez (designado a propuesta del PSOE) imputa al presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en concepto de malversación de fondos públicos en una denuncia presentada ayer ante la Fiscalía General de Estado. Se trata de gastos de representación que, según mantiene Gómez Benítez, nada tenían que ver con la función institucional de Dívar que, según la versión del vocal del CGPJ, realizó esos viajes a título particular.
Por su parte el presidente de la máxima institución judicial del país negaba ayer las acusaciones, se definía "sorprendido" y aseguraba que él asumió los gastos personales de sus viajes y que los cargados a los presupuestos del CGPJ están "perfectamente documentados y justificados".
En un comunicado difundido por el Tribunal Supremo, Carlos Dívar afirma que seguirá actuando con "máxima transparencia" y que pondrá a disposición de la Fiscalía la documentación sobre la supuesta malversación de fondos públicos denunciada por Gómez Benítez.
El presidente del CGPJ y del TS ofrecía su "total colaboración poniendo a disposición del Ministerio Público cuanta información y documentación considere procedente". Según el comunicado, los gastos cargados por Dívar al CGPJ han sido tramitados "legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto".
Queja Asimismo, el presidente del Supremo afirma que desde la institución que él preside se ha facilitado en "todo momento" al vocal denunciante los documentos y justificantes que ha venido solicitado sobre los gastos de viajes del presidente y los vocales.
La presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo advirtió también de que en "ningún momento" Gómez Benítez informó de la denuncia al órgano colegiado del que forma parte, ni utilizó los cauces previstos en las normas que regulan la organización y funcionamiento del Consejo.
Respecto al desplazamiento a Marbella de siete escoltas, Dívar recalcaba que la decisión sobre los dispositivos de seguridad de los representantes del Poder Judicial corresponde al Ministerio de Interior y en su adopción, matizó, "no interviene, ni puede intervenir el Consejo ni su presidente".
