Madrid. La Audiencia de Palma tiene previsto pronunciarse a final de este mes sobre la imputación de la infanta Cristina en la investigación del caso Urdangarin pedida por el sindicato Manos Limpias. El juez instructor del caso Palma Arena (del que se desprende la pieza que afecta al duque de Palma), José Castro, rechazó por dos veces imputar a la infanta, aunque el sindicato presentó un recurso de apelación ante la Audiencia que deberá resolver su sección segunda. Fuentes judiciales indicaron ayer que aunque por cuestiones de organización interna se ha fijado la deliberación de este recurso para el 20 de julio, en realidad la sección segunda resolverá mucho antes. Y es que según el procedimiento, cuando un asunto entra en la sección, el secretario judicial fija una fecha de deliberación, "pero ello no quiere decir que no se revuelva con anterioridad en función de la carga de trabajo". De esta manera, el magistrado ponente, Eduardo Calderón, tiene previsto dictar la resolución a finales de mayo, si bien ello se podría alargar hasta el mes de junio.
Castro no vio pruebas El juez Castro rechazó imputar a la infanta Cristina porque "hasta el momento no se ha constatado" la existencia de indicios de criminalidad contra ella. "Es rotundamente falso que la no citación de Doña Cristina de Borbón en calidad de imputada tuviera como finalidad (...) el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno, al que ella hubiera podido hacerse acreedora, si hubiera existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado", señaló el juez el pasado 22 de marzo en un auto resolviendo un recurso de Manos Limpias.
En su nueva resolución, el juez del caso Palma Arena reiteró que en esos momentos no tenía ninguna prueba, ni ningún testimonio, que implicara a la mujer de Urdangarin en las supuestas irregularidades detectadas en el Instituto Nóos.
La aparición ahora de supuestos correos electrónicos que sí constituirían prueba de cargo, justifica el nuevo recurso de Manos Limpias que deberá ser resuelto por el pleno Audiencia de Palma.
