Barcelona. Las tensiones entre el Ejecutivo de Rajoy y Cataluña se están agudizando. El malestar ciudadano es creciente y esto empieza a reflejarse en las actitudes del Gobierno de Artur Mas, que cada vez tiene menos argumentos para seguir defendiendo sus pactos con el Partido Popular. El distanciamiento entre los dos partidos se ha escenificado durante los últimos días. En Madrid, los convergentes no han apoyado los Presupuestos Generales del Estado, aprobados gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Y en Cataluña, el president Artur Mas ha respondido con dureza a Alicia Sánchez-Camacho durante un debate en el Parlament.
Cuando CiU ganó las elecciones catalanes de noviembre de 2010, en la formación nacionalista eran conscientes de que el contexto político estatal iba a cambiar en poco tiempo. Sospechaban que la llegada de los populares a La Moncloa era cuestión de tiempo. Y con el punto de mira puesto en el futuro, sobre todo en la negociación del pacto fiscal, sus dirigentes optaron por acercar posiciones con el que consideraban que iba a ser el claro vencedor de las elecciones generales del 20-N, el Partido Popular. No erraron en los pronósticos, pero sí en el papel que ellos acabarían por jugar.
Los convergentes, encabezados por Josep Antoni Duran i Lleida en la capital española, han mostrado su cara más amable en el Congreso de los diputados. Han apoyado a Mariano Rajoy en las medidas más duras y polémicas propuestas para capear la crisis: La reforma laboral más agresiva que se recuerda, las medidas de amnistía fiscal o la ley de estabilidad presupuestaria son algunos ejemplos.
Por su parte, Alicia Sánchez-Camacho, líder de los populares en Catalunya, ha hecho lo propio con Artur Mas desde el inicio de la legislatura. Se ha convertido en el principal sostén de CiU en el Parlament: Han apoyado sus presupuestos y los recortes, convirtiéndose en el salvavidas que el Govern necesita para sacar adelante sus discutidas políticas de austeridad.
En esta necesidad del Gobierno catalán por contar con un socio preferente, radica la baza con la que juega Sánchez-Camacho. Sin embargo, la actitud de la dirigente popular, y la presión en materia económica del Estado contra Catalunya están logrando sacar de sus casillas a los dirigentes de CiU. La presidenta de los populares catalanes se ha erigido como interlocutora entre el Gobierno español y el catalán, y el pasado viernes fue a pedir a Rajoy que haga "gestos" hacia Catalunya.
En pleno debate estatal sobre la utilidad de las autonomías, Cataluña constata cada día que pasa cómo la solidaridad con el resto de comunidades autónomas hunde más su economía. Sus posibilidades de crecimiento y desarrollo han quedado diluidas en aquel "café para todos".
Los datos que esgrime el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, son desesperanzadores: Catalunya tiene un déficit del 8% del PIB, una cifra totalmente insólita en Europa, donde el máximo de solidaridad regulado lo tiene Alemania, con un 4%. A esto se le suma la negativa del Gobierno español de abonar lo que debe al Ejecutivo catalán. Ni el Fondo de Competitividad, ni los 219 millones de euros en concepto de infraestructuras que el Estado no ha pagado desde 2009, ni los 759 millones de la disposición adicional tercera que recoge el Estatut.
freno al autogobierno Por este motivo, cuando el miércoles pasado Alicia Sánchez-Camacho acusó al Gabinete de Artur Mas de promover la confrontación y le recordó que gracias al dinero que ingresa Madrid en las cuentas de la Generalitat se pagan las nóminas de los funcionarios, el president perdió las formas. En un tono más elevado de lo habitual, el máximo responsable de la Generalitat le recordó a Sánchez-Camacho que el dinero que reciben de Madrid no es un donativo, "es dinero de los catalanes". Contestación que fue ovacionada en el Parlament por sus compañeros de filas. Con este panorama, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue entonando las amenazas sobre la posible intervención de las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit previsto. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha apuntado durante los últimos días que estas actitudes responden a un claro objetivo: "Impedir el ejercicio de autogobierno tal y como lo hemos entendido hasta ahora".
El conflicto, más allá de la crisis económica que ahoga las cuentas de unos y otros, cada vez se desvela más como un problema de encaje. El Gobierno español no encuentra ya sentido a las autonomías y camina hacia una recentralización de recursos y competencias. El Ejecutivo de Artur Mas entiende que en esa dirección únicamente encontraran la anulación de la nación catalana, por ello, empieza a navegar contra corriente. Consciente de que la propuesta del pacto fiscal no figura en el guión del Partido Popular, CiU busca en la oposición el máximo apoyo para defender en Madrid un nuevo modelo de financiación.
Otra cosa es buscar un nuevo salvavidas en el Parlament. Esquerra Republicana se ha mostrado desde el primer día dispuesta a colaborar con el Govern. Sus dirigentes lo han repetido por activa y por pasiva, proponiéndose ellos mismos como muleta para Artur Mas, asegurando que eran la alternativa a pactar con los populares. La duda será saber cuál de los dos partidos virará, necesariamente, su rumbo ideológico.
