vitoria. El gesto que el Gabinete Rajoy ha hecho para recuperar la iniciativa en la cuestión de los presos encontró ayer un importante aliado: los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional que, según recogían ayer diversas agencias, opinan que en "el nuevo escenario" creado tras el fin de la violencia de ETA la dispersión que se aplica a sus presos ya "no tiene sentido" y es oportuno mover ficha. Ni más, ni menos.
Los magistrados siempre habían avalado la validez de esta polémica estrategia diseñada a finales de los ochenta teóricamente para cortar el cordón umbilical entre ETA y sus presos, y que agrava la condena de los penados y la extiende sobre sus allegados. Sin embargo, en su valoración del plan de reinserción que ahora promueve Interior, los jueces de este tribunal especial erigido en primera línea del frente judicial contra el terrorismo aplauden y ven positivo que el Ejecutivo "se adapte a los nuevos tiempos que corren". Y lo que es más, le animan a avanzar hacia la "normalización" de la situación de los reclusos condenados por terrorismo para llegar incluso a la "equiparación" de sus condiciones con las que se aplican a los presos comunes.
En todo caso, los jueces de la Audiencia Nacional sí quisieron remarcar el color rojo de la raya que dibujaron bajo los pies de Rajoy de cara al futuro. Una cosa es acercar presos, para lo que tiene "plena legitimidad", y otra tomar decisiones que afecten a la condena a la que fueron sentenciados, recordaron. Así, advirtieron de que en este ámbito se debe cumplir "estricta y taxativamente la ley, que señala que para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario -permisos de salida, concesión del tercer grado, libertad condicional,...- los requisitos deben seguir siendo los mismos: haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, satisfacer la responsabilidad civil de los delitos, comprometerse a colaborar con la justicia,... y aquí sí, pedir perdón.
Sin embargo, no todos los magistrados comparten el aplauso a este primer paso del Gabinete Rajoy.
quien puede matar, puede mentir La Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora de las que agrupan a los jueces del Estado -y la mayoritaria-, avaló el discurso por el que el Ejecutivo defiende que este paso "no supone ningún cambio desde el punto de vista judicial". Sin embargo, le marcó en corto advirtiéndole de que la renuncia de los reclusos a la actividad terrorista "tiene que ir más allá de una mera manifestación formal". "Quien tiene capacidad de matar, la tiene también de mentir", subrayaron, incidiendo así en la necesidad de que la constatación de la veracidad del cambio en los reclusos sea exhaustiva de forma que garantice que no sea una mera argucia para volver a Euskadi.