Madrid. El caso Nóos regresó ayer a la agenda informativa. Aunque durante estos días el foco ha estado puesto en la cacería de elefantes del rey en África, el futuro de Iñaki Urdangarin pasó por los juzgados de Barcelona. Varios testigos que comparecieron ante el juez del caso Palma Arena confirmaron que el Instituto Nóos tenía "dos jefes", lo que contrasta con la declaración del yerno del rey, que aseguraba ser sólo la cara visible de Nóos y desconocer sus entresijos.

A lo largo de la mañana el juez Castro interrogó a ocho testigos, en su mayoría proveedores que habían hecho trabajos para el Instituto Nóos, como traductores y empresarios, que ratificaron su declaración en sede policial, según apuntaron fuentes judiciales.

El ex secretario general de Esade, Marcel Planellas, afirmó que el Instituto Nóos le pagó hasta 2008 el coche como parte de sus honorarios y ha señalado que Iñaki Urdangarin siguió vinculado a la entidad hasta finales de 2006, después de que la Casa Real le indicara que dejara sus negocios. Añadió que Urdangarin seguía vinculado al Instituto Nóos hasta ya avanzado el año 2006, como lo acredita su participación en el Valencia Summit en octubre de aquel año y, por lo tanto, después del mes de marzo, cuando el duque de Palma declaró ante el juez que había dejado la entidad. Planellas coincidió con otros de los testigos en asegurar que Diego Torres y Urdangarin compartían a partes iguales la dirección de Nóos, lo que contradiría la versión esgrimida por el duque de Palma, que se desvinculó de la gestión económica de la entidad.

Aunque durante la vista no se habló sobre los correos electrónicos que supuestamente Urdangarin envió a su exsocio en los que implicaba al monarca español en sus gestiones, López expuso: "Es una información interesante que corrobora que la infanta conoce algo más de lo que se quiere hacer ver".

El Instituto Nóos, presidido entre 2004 y 2006 por Urdangarin, percibió 34.375 euros del Gobierno catalán por prestar apoyo técnico para el desarrollo de proyectos relacionados con la cooperación sanitaria en 2005, según un informe del grupo de delincuencia económica de la policía española que está incluido en el sumario de la causa.