Madrid. El plantón de la AVT al comisionado para la convivencia y la memoria, Jesús Loza, anticipaba una reunión tensa entre el delegado de Lehendakaritza y el resto de damnificados por el terrorismo de ETA que ayer se reunieron en Madrid. Después de tomar contacto con las víctimas vascas, Loza viajó hasta la capital española para escuchar las críticas de este colectivo hacia su jefe de filas, al que reclamaron que "hable más de la disolución de ETA y menos de los presos".
Tras el encuentro al que asistieron la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua; el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero; la vicepresidenta de Voces contra el Terrorismo, Carmen Álvarez, y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, entre otros, destacaron que habían instado a Loza que solicite al lehendakari "un compromiso mayor para que la prioridad no sea el acercamiento de presos etarras al País Vasco", según verbalizó Daniel Portero.
Asimismo, el hijo del jurista asesinado por la banda armada aseguró que el comisionado les había garantizado que en el decreto que ultima el Gobierno Vasco para reconocer como víctimas a quienes padecieron abusos policiales entre 1968 y 1978 no se incluye a ningún terrorista.
Por otro lado, el también presidente de la asociación Dignidad y Justicia consideró que se ha aplicado de forma "ilegal" la llamada vía Nanclares, por la que los reclusos de la banda armada pueden ser acercados al centro penitenciario de dicha localidad alavesa si piden perdón a las víctimas o colaboran con la Justicia, entre otros requisitos.
En su argumentación para rechazar la aplicación de esta iniciativa, Portero estimó que ningún activista que se ha acogido a esta vía ha colaborado en el esclarecimiento de ningún atentado sin resolver.
Loza completó la agenda de su jornada con otro encuentro que le llevó a reunirse con la Federación de Víctimas del Terrorismo Autonómicas, mientras que la AVT justificó su negativa al encuentro al no querer "legitimar" al comisionado como interlocutor en la búsqueda de un final de ETA que según esta asociación corresponde de forma exclusiva a la fuerzas policiales y el Gobierno de Rajoy.
