Madrid. Perdida Andalucía, con Asturias en el aire y Extremadura gobernada de prestado, la estrategia del PP para imponer la recentralización del Estado debe ser redefinida. Los populares contaban con que el declive del Zapaterismo les dejara en bandeja todo el poder autonómico salvo en las comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Navarra), para, con las manos libres y orientando el discurso desde las autonomías hacia el Gobierno central, poner en marcha un proceso de devolución de competencias que reforzara el poder de Madrid, debilitara los centros autonómicos y diluyera la existencia de las diputaciones provinciales.
El grueso de los recortes ideados por Rajoy debían esperar a que la cita del 25-M acabara de dibujar ese escenario, pero el revés en Andalucía y Asturias (posibilitado por decretazos como el de la reforma laboral) han trastocado los planes de la dirección de Génova. Ahora, sin copar el poder autonómico y con la ofensiva de los mercados que perciben que aún pueden apretar más a Rajoy, el tiempo apremia y la orden es poner en marcha el plan B: clamar por un pacto de Estado que involucre al PSOE tanto en el esfuerzo recentralizador (verdadero caballo de batalla de los populares) como en los recortes que exigen los especuladores. Y eso pese a que Rajoy trata de atemperar el discurso y niega que cuestione el modelo de Estado: "Estamos de acuerdo en evitar duplicidades y los gastos superfluos. No cuestionamos el modelo, sino la gestión del mismo", dijo ayer en el Senado.
La propuesta Pesos pesados en el organigrama de los populares ya lo apuntaban ayer. Esperanza Aguirre desde Madrid, Antonio Basagoiti desde la CAV o José Antonio Monago desde Extremadura, lo plantearon sin tapujos y a ellos se sumaron aliados naturales como los regionalistas navarros de UPN, que ven en ese escenario la llave para su perpetuación en el poder foral (podrían pactar indistintamente con socialistas o populares frente al auge nacionalista).
Aguirre fue la encargada de abrir fuego y lo hizo como manda la estrategia: siendo ella, la representante de una de las comunidades más potentes, la que lo pida expresamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aguirre habló sin tapujos y pidió al líder del PP que busque un pacto de Estado con el PSOE para hacer "una reforma en profundidad de las administraciones públicas" que implique la devolución al Estado de las competencias en Sanidad, Educación y Justicia. La excusa, como se impone, fue la crisis económica. Según los cálculos expuestos por la mandataria madrileña, con esa reforma se ahorrarían 48.000 millones de euros, aunque habría dado igual que dijera 100.000 millones ya que no detalló cómo se ahorrarían.
Aguirre, quién se entrevistó en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, le planteó la necesidad de "revisar de raíz" todo el Estado de las autonomías, subrayando que este modelo se creó "para integrar a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, y sin embargo sólo han servido para encarecer el funcionamiento de las otras 15 regiones". También planteó que el Estado retire las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal, argumentado que se "debe dejar de sostener a los que se pueden sostener".
la respuesta Pero el PSOE, que ve un cambio de ciclo tras la cita del 25-M, no quiere tragar, o al menos así lo mantienen los barones que aún acarician el poder (con el andaluz José Antonio Griñán y el vasco Patxi López a la cabeza) o los que lo sustentan en diferentes comunidades (Canarias y Navarra). Griñán marca el camino y aunque no entra de lleno en el cuestionamiento del estado de las Autonomías, se apoya en los recortes anunciados en Sanidad y Educación, "que solo conocemos a través de una nota", para denunciar que "estamos ante un Gobierno que ni habla ni escucha a nadie". Un mensaje contundente que aleja la posibilidad de cualquier pacto para recortar poder autonómico o presupuestos en gasto social (línea roja de la socialdemocracia, según la número dos del PSOE, Elena Valenciano).
Menos concluyente es el discurso que llega desde la Ejecutiva federal que prefiere sacar rédito discursivo del contexto general que entrar en un debate real sobre el modelo autonómico. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, se limitó a dar por rota la unidad entre el PP y el Gobierno tras "el lamentable espectáculo" a cuenta del recorte adicional de 10.000 millones y sentenció que "España lleva tres años de crisis y tres meses de caos". Rodríguez mostró la preocupación de los socialistas ante la "delicada" situación en la que se encuentra el país e hizo hincapié en que el Gobierno "está tardando ya" al no dar explicaciones sobre las medidas de "extrema gravedad" que está adoptando.
