Vitoria. El PP insiste en que el nuevo ajuste de 10.000 millones de euros en sanidad y educación anunciado el lunes no se logrará con recortes, "sino con reformas" y habla de racionalizar la gestión al tiempo que introduce la posibilidad del copago farmacéutico. Los ciudadanos, sin embargo, se temen lo peor y ya se preparan para pagar más por recibir atención sanitaria y por el acceso a la educación o para que se supriman servicios y tratamientos. Pero la pretensión del Gobierno español no solo chocará con el rechazo de la sociedad, sino también con la cuestión competencial, ya que las dos áreas en las que quiere hacer ese drástico ahorro están transferidas a las comunidades autónomas.
De momento, el Gobierno Vasco ya ha anunciado que el recorte presupuestario no se va a aplicar y que recurrirá a los tribunales si se intenta recortar sus competencias. Según una nota emitida ayer por Lakua, "el Ejecutivo vasco no se da por aludido" por el anuncio de "un nuevo tijeretazo que recaerá sobre las comunidades autónomas". La consejera de Educación, Isabel Celaá apuntó en este sentido que "no nos sentimos comprometidos con las medidas de recorte anunciadas por Rajoy". Mientras que el titular de Sanidad, Rafael Bengoa, aseguró que en Euskadi no se notará el recorte presupuestario en sanidad porque "no se va a aplicar".
"Ni siquiera nos han informado, porque, una vez más, Madrid anuncia medidas que afectan a competencias transferidas a la comunidades autónomas sin reunirse previamente con ellas", añadió la consejera de Educación que criticó la "falta de concreción y la escasez de detalles" que rodea el anuncio. Sin embargo, en su opinión, la simple propuesta supone un ataque directo a las líneas rojas establecidas por el Gobierno de Patxi López, que fijaban ambas áreas como "intocables". Isabel Celaá, en lo que a su ámbito de competencia se refiere, está "absolutamente en contra" de cualquier tipo de recorte. "Un país que recorta en Educación está jugando con su futuro. No se pueden quitar recursos ahora para recuperarlos más tarde porque habremos perdido toda una generación", afirmó ayer.
Celaá tiene claro que "ningún país civilizado" recorta en investigación y educación. "Por todos estos motivos anuncio que no suscribiremos estas medidas e iremos a los tribunales a defender nuestros derechos si el Gobierno de Rajoy decide invadir nuestras competencias autonómicas", advirtió.
Proteger la sanidad Por su parte, Rafael Bengoa afirmó que para conseguir el ahorro de 10.000 millones anunciado por Madrid -del que 7.000 corresponderían a sanidad- "hay que hablar ya de tijeretazo en las prestaciones y el servicio", y recordó que el lehendakari "ha repetido varias veces que protegerá la sanidad, la educación y los servicios sociales".
Respecto a la posibilidad de establecer un copago sanitario, apuntada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el consejero vasco destacó que esa medida "no resuelve" los "grandes" problemas de la sanidad, como son la coordinación entre la atención primaria y la hospitalaria, la coordinación sociosanitaria o la atención a los enfermos crónicos. "Se intenta encontrar una solución muy fácil a un tema muy complejo porque el sistema sanitario tiene una demanda creciente y los nuevos medicamentos son muy caros. Esto no se soluciona ni con copagos ni centralizando las compras -añadió- sino con una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema, que es lo que estamos haciendo ahora en Euskadi". Apuntó también que "muchas comunidades autónomas tenemos mucho que enseñar a Guindos, a Cristóbal Montoro y a Ana Mato sobre qué ideas harían que el sistema de salud sea sostenible".
El rechazo tajante expresado por los miembros del Gobierno Vasco a a aplicar en la CAV más recortes tuvo cierta matización por parte de su socio. Y es que en opinión del portavoz del PP en el Parlamento vasco, Antón Damborenea, los ajustes en sanidad y educación sí afectarán aquí, pero "no a los servicios básicos" que reciben los vascos. Damborenea puntualizó que "dentro del apartado sanidad, hay otras cosas que no responden al servicio público que recibe la gente, como pueden ser sociedades paralelas a los organismos autónomos" o la aplicación de "una gestión del dinero público distinta a como se ha venido haciendo hasta ahora".
No obstante, el Ejecutivo autonómico todavía carece de información detallada sobre los planes del Gobierno español.
