madrid. El silencio exasperante del Gobierno en torno a cómo plantea llevar a cabo el recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación han permitido que las elucubraciones se diparen. Tres parecen ser las vías que baraja el Ejecutivo para hacer realidad su planes y las tres afectan directamente a los Gobiernos autonómicos. En primer lugar subir las tasas en educación, en segundo lugar apostar por el copago farmacéutico para las rentas altas y, finalmente, explorar la posibilidad de iniciar un proceso de devolución de competencias por parte de las comunidades autónomas.
Propuesta de aguirre
Educación, Sanidad y Justicia
De nuevo la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la encargada de lanzar la piedra y abogó por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación, "si España lo necesita", del mismo modo que pide dejar en manos de los ayuntamientos los Transportes y los Servicios Sociales, todo ello para conseguir adelgazar la administración y ahorrar, según sus cálculos, 48.000 millones de euros. "Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la Educación y la Justicia, pueden devolverse al Estado, y el resto, Transportes y Servicios Sociales, a los ayuntamientos", resumió en rueda de prensa tras reunirse con Rajoy. Desde su punto de vista, la Justicia "es un poder del Estado" que no tienen por qué compartirlo las comunidades autónomas. "Si todo lo que hacemos las comunidades autónomas, unas competencias fueran para arriba y otras para abajo, se podría prescindir de altos cargos, parlamentos regionales, conductores, asesores, jefes de protocolo, edificios, alquileres...", enumeró. El mensaje de Aguirre a Rajoy es que es "vitalmente necesario adelgazar el Estado. Tenemos que cortar radicalmente con las duplicaciones y triplicaciones de funciones. Hay que acabar con todo lo que sea superfluo para poder conservar lo imprescindible".
posibilidades en Educación
Más tasas y ratios, menos becas
En el plano educativo, el anuncio del ministro del ramo, José Ignacio Wert, de adelantar al próximo lunes su cita con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, convocando para el jueves el Consejo General de Universidades, ha desatado todos los rumores. En el centro del debate (hay que "ahorrar" 3.000 millones) la más que probable subida de las tasas universitarias, la segura ampliación del ratio de alumnos por clase y la amenaza de reducir becas.
Las dos primeras cuestiones ya se debatieron en enero. La propuesta para rebajar costes en enseñanza primaria y secundaria es incrementar las horas lectivas del profesorado pasando de 17 o 18 horas a 21 o 22 y aumentar hasta 40 alumnos por aula el ratio permitido.
En cuanto a las tasas universitarias, el Gobierno tratará de explotar el argumento de las diferencias. Y es que en España éstas pueden variar desde los 557,4 euros que cuesta una primera matrícula en Andalucía hasta los 1.726 euros de Galicia, según la Conferencia de Rectores de Universidades de España. Lo que abonan los estudiantes representa entre el 15 y el 20% del coste real de una carrera.
En este sentido, en la actualidad son las comunidades autónomas las que deciden cuánto debe aumentar o disminuir el precio de los créditos cada año, aunque estas modificaciones deben estar dentro de la horquilla que marca el Gobierno central. El mínimo es el equivalente al IPC y el máximo, cuatro puntos más. Ahora está entre el 3,6% y el 7,6%. El Gobierno podría intentar que todas las CCAA aplicaran el máximo permitido (sólo lo hace Cataluña).
Lo que parece que no se quiere cambiar el la cuantía de las becas, dada la impopularidad de tal medida. Wert lo volvió a recalcar ayer.
La sanidad y el copago
Recetas y manutención a medias
Finalmente en materia sanitaria, lo que se da por seguro es que se aplicará el copago farmacéutico aplicándole un criterio de progresividad (que las rentas altas paguen más porcentaje de los medicamentos que necesiten). Es la fórmula que ya aplican Cataluña y Madrid, y es la que el PP cree que generará, menos problemas sociales.
Sin embargo no será suficiente para ahorrar los 7.000 millones que pretende recortar el Ejecutivo, con lo que se abren tres posibilidades que cada vez toman mayor cuerpo: la reducción de personal eventual, el aumento de pacientes y el copago de la estancia sanitaria (que los pacientes paguen su manutención). Ayer mismo Cataluña animaba al Estado a aplicar esta última fórmula.
