Son las dos caras de una misma moneda. Padrino y delfín. Inquilinos los dos de la Moncloa, saben lo que es acariciar la posibilidad de pasar a la historia como el presidente que propició el adiós de ETA. Pasado y presente de dos de los momentos en los que el sueño de la paz pareció estar más cerca, el suelo del que parten sus discursos se cimenta en una misma base: con ETA no se negocian cuestiones políticas. Sin embargo, en la gestión de los sempiternos aspectos técnicos, su estrategia demuestra una deriva que en ocasiones los contrapone retratando una evolución forjada en parte en el fuego de los sucesivos desengaños, pero en parte también en la hipoteca que le supone no desatender al sector absolutamente contrario a toda receta que no pase por el ojo por ojo que gestó en su seno durante su oposición al Gabinete Zapatero.
Tres son las cuestiones que pueden resumir esta evolución dando el pulso del cambio en la búsqueda de la paz en los mensajes lanzados desde el Gobierno de España por el PP que gestionó la tregua de Lizarra y el que ahora trata de afianzar el fin "definitivo" de ETA.
El diálogo
De la cita de Zurich al plantón de Aiete
Como sucede ahora, las urnas alumbraron entonces un escenario político perfecto para el PP y la izquierda abertzale, que entonces se agrupaba en una coalición similar a Amaiur, Euskal Herritarrok. Ambos estaban en la cresta de la ola. Crecían y se sentían reforzados desde la base. Y aquí se destapa la primera diferencia táctica, ya que mientras Rajoy aguarda inmóvil y rechaza dar siquiera un paso -al menos de cara al público-, Aznar no quiso esperar un momento tras conocerse el "alto el fuego unilateral e indefinido" decretado por ETA en septiembre de 1998 para anunciar su intención de tomar las riendas del asunto.
Era el 3 de noviembre, pasado sólo mes y medio de esta declaración, cuando el propio Aznar anunció que buscaría un "contacto directo" con lo que elevaría a la categoría de "Movimiento Vasco de Liberación".
Como ahora hace el Gabinete Rajoy, su portavoz, Josep Piqué, subrayó que el Ejecutivo mantendría intacta su política antiterrorista y penitenciaria hasta que la organización "abandonara las armas y se disolviera". Sin embargo, un Aznar jaleado incluso por una derecha mediática que alababa el mismo "valor" y "altura de miras" que ahora se pide a Rajoy, y que promete a media voz su ministro del Interior, Jorge Fernández, daba un giro a este discurso que provocaría un acelerón vertiginoso. "Merecería la pena hacer el esfuerzo de la generosidad si con ello conseguimos la paz", dijo desde San Sebastián. Y creó un "gabinete de crisis" específico compuesto por tres hombres de su máxima confianza. Y los citó en Burgos con Otegi, Barrena y Díez Usabiaga. "Si no se producen los contactos es porque ETA no quiere; no hay ninguna otra razón", dijo Aznar. Pero el caso es que los había. Sus tres interlocutores protagonizaron un diálogo cara a cara con ETA -representada por el núcleo de Mikel Antza- en Zurich, que contrasta radicalmente con la cerrazón actual reflejada en la falta de respuesta del Gabinete Rajoy incluso a la pista de aterrizaje que personalidades de innegable peso internacional asfaltaron en Aiete para llamar al Gobierno al diálogo. Por ellos, [refiriéndose a las víctimas de ETA], por todos, en mi nombre no, rezaban las pancartas tras las que el PP echó a la calle una marea de sentimientos con los que trató de segar la hierba bajo los pies de Zapatero en Loiola, activando una estrategia de la que ahora le cuesta desembarazarse.
La "iniciativa" penitenciaria
El abandono de la estrategia 'paz por presos'
"Por la paz no nos cerraremos, sino que por el contrario nos abrimos a la esperanza, el perdón y la generosidad", que es una palabra "que no me quema en la boca y que es patrimonio de quienes no vivimos anclados en el rencor", decía Aznar entonces. Y sus palabras se convirtieron pronto en lo que su Gabinete definió como "gestos" destinados a activar un modelo de negociación técnica resumida por Piqué en el dogma paz por presos. Amparado por un acuerdo unánime del Congreso -similar al que ahora se está tratando de reeditar-, el propio presidente aseguró estar "dispuesto a tomar todas las iniciativas que fuesen necesarias" para afianzar la paz, lo que después se traduciría en el anuncio de "una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica".
A nivel de discurso, se aprecian sustanciales similitudes. "Sabemos la importancia que tiene la política penitenciaria, y por ello tenemos que actuar con inteligencia, midiendo cada paso, buscando el máximo consenso para lograr entre todos que los que hoy siguen estando sometidos a la banda terrorista den los pasos que otros han dado y la ley se pueda aplicar con toda la generosidad", decía hace un mes el actual responsable de Interior, Jorge Fernández. Sin embargo, donde el Gabinete Aznar se lanzó a dar pasos -"conforme a la voluntad y el deseo de que llegue la paz", explicaba entonces un joven Mariano Rajoy- acercando y excarcelando presos -en total casi 200- y permitiendo el regreso de exiliados, el actual Gobierno, casi medio año después del "cese definitivo" de la actividad de ETA, apenas comienza a desperezarse y, mientras ,se limita a seguir la vía Nanclares dibujada por Rubalcaba y apenas comienza a abrir la mano con los exiliados ya libres de condenas. "Sería posible y deseable" activar el acercamiento de presos al País Vasco, dijo recientemente el mejor socio de España en la lucha contra ETA, Nicolas Sarkozy. "Las leyes se pueden aplicar de forma distinta", pero "con ETA disuelta". "A buen entendedor, pocas palabras bastan", se limitó a responder Fernández, que subrayó, "no nos estamos planteando el acercamiento como política", reflejando así el cambio de ritmos y estrategia. "No hay ni habrá plan para acercar presos", zanjaría a continuación desde Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
El conflicto
Agentes, contenidos y objetivos en el fin de la violencia
Y todas estas claves residen en una interpretación del "conflicto" que también difiere. Los dos gabinetes dieron carta de naturaleza a su existencia aunque con matices. "Si no lo hubiera no estaríamos aquí", dijo el equipo de Aznar a ETA en Zurich. Ahora, pese a haber admitido que el cierre de la violencia tiene una "dimensión política", Fernández se vio inmediatamente obligado a matizar: "jamás ha habido un conflicto político" que justifique a ETA.
Ley de Partidos mediante, también difiere el papel que ambos gabinetes dieron a la izquierda abertzale. "El proceso de normalización corresponde(...) a todas las fuerzas políticas vascas, sin ningún tipo de excepción", decía entonces un Aznar que valoraba "positivamente" su presencia en las instituciones. Mientras, aunque ahora niega impulsar una nueva ilegalización -sólo para no "fomentar su victimismo", matiza- el PP mantiene esta bandera en su programa electoral y se resiste al diálogo directo con Sortu, que sigue siendo ilegal.
Más allá de los agentes, se destapa el fondo del asunto. "El actual marco jurídico[...] garantiza la consecución de cualquier fin político", decían los primeros pactos a los que se acogía el mismo PP que luego cerraría la puerta incluso a una reforma del Estatuto como la que abanderó el lehendakari Ibarretxe definiendo sus actuales lineas rojas.
Y un paso más allá de este debate, aparecen las condiciones para poner fin a esta historia de dolor y lo que se ha dado en llamar la construcción del relato de lo sucedido. Si se quiere garantizar una paz estable y duradera "no podrá haber nunca vencedores y vencidos", decía en 1997 el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, defendiendo una tesis que ahora provoca ampollas en Génova. "Tiene que quedar claro que la democracia ha ganado a los terroristas", sostenía recientemente desde el PP vasco Antonio Basagoiti reflejando así su actual postura.
Son sólo pinceladas que revelan la evolución del PP ante la responsabilidad de gestionar el arraigo de una paz que, ahora incluso más que entonces, vuelve a estar como dijo el poeta en lo difícil, pero apenas un paso más allá del largo de las manos.
