MADRID. Así lo han informado fuentes jurídicas después de la celebración de una vista ante la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en la que se ha estudiado el recurso planteado por la defensa de Pamiés después de que el juez Pablo Ruz formara una pieza separada con la transcripción de esas conversaciones y diera traslado de la misma al fiscal.
El exjefe superior de Policía del País Vasco ha solicitado la nulidad de las grabaciones de las conversaciones que se le intervinieron varios meses después de la delación, ocurrida el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Gipuzkoa), al considerar que pueden afectar a la seguridad del Estado.
La Fiscalía, que atribuye a Pamiés la autoría del "chivatazo", se ha opuesto hoy a su petición porque argumenta que las grabaciones no han sido utilizadas como prueba por el equipo investigador del caso, dirigido por el comisario Carlos Germán, han indicado las mismas fuentes.
Además, el representante del Ministerio Público ha apelado a la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, según la cual la calificación de materias clasificadas "corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".
La tesis de la Fiscalía, y que asume también el instructor, sostiene que el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros entregó el teléfono móvil al dueño del bar, Joseba Elosua, desde el que recibió el chivatazo, que ejecutó Pamiés en consenso con el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo.
Ruz mantiene imputados a los tres exmandos policiales por los delitos de colaboración terrorista y/o encubrimiento y revelación de secretos.
