LA decisión del jurado popular de declarar "no culpable" a Francisco Camps en el caso de los trajes ha reabierto un debate que periódicamente salta a la opinión pública y que puede ser expresado en estos términos: ¿no tener responsabilidades penales significa no tenerlas tampoco políticas? O por ser algo más explícito: ¿no cometer un delito significa necesariamente la honestidad política hasta el punto de que no se tomen medidas como la dimisión o se reclame automáticamente una rehabilitación vía restitución del cargo público perdido?

El debate es viejo y no está resuelto. La casuística es enorme, casi tanto como la abundancia de casos de corrupción en las hemerotecas de los últimos años. Y dispar ha sido también la reacción de los distintos partidos políticos según le viniera el caso. A menudo, al absuelto judicialmente o nunca juzgados pero abiertamente sospechosos se le ha dado lo que se conoce como la PLA (patada Lateral Ascendente) para alejarlo del núcleo de poder pero tenerlo al mismo tiempo satisfecho. Una solución que, en realidad, le coloca en una situación de "medio inocente".

En esta categoría entra, por ejemplo, la delegada del Gobierno vasco en Chile. Ana Urchueguía fue promovida a ese cargo y sacada del Ayuntamiento de Lasarte del que era alcaldesa justo cuando se activaban las investigaciones sobre su polémica gestión de los fondos públicos en la ayuda a la cooperación en Somoto. Fue hace casi un año cuando publicamos más detalles de este caso y el PSE-EE, que cerró filas a pesar de los datos que evidenciaban cuando menos una dudosa catadura moral y una afición compulsiva a la mentira, la tiene en el limbo. Pero bien colocada y remunerada, claro. No vaya a ser que cuente lo que no debe.

Con Camps puede ocurrir lo mismo. Primero le forzaron a su pesar a dimitir como presidente de la Comunidad Valenciana. El juicio era inminente y las pruebas apuntaban a la comisión de delitos menores que, en realidad, remitían a otros mayores aún no juzgados y que salpican a las estructuras del PP. Ahora le han absuelto y no saben qué hacer con don Francisco.

Visto desde fuera, y sin gafas partidistas, la cosa no tendría demasiada discusión porque no parece que una persona que conchababa telefónicamente con un desparpajo salo comparable a la tremenda facilidad con la que ha despilfarrado el dinero público sea digna de ocupar un nuevo puesto que le rehabilite "en su plena honorabilidad", como ha dicho el portavoz Esteban González Pons. Parece que hay especial interés en ligar honestidad con inocencia, cuando son dos conceptos bien distintos. Joseba Egibar ha dicho que defiende la presunción de inocencia de los imputados en el denominado "caso Miñano", ex altos cargos del PNV en Araba. Hasta ahí, no creo que nadie ponga un pero a tal afirmación. Pero ha añadido algo que es una cuestión de fe: el defiende no la presunción, sino la inocencia de estas personas.

Cuestión de fe o de conocimiento de causa que a los demás se nos escapa. Sigo sin entender qué hacen las mujeres de tres altos cargos del PNV como administradoras de una consultoría que tiene su sede en una sociedad gastronómica. Lo siento, pero no pinta bien salvo que a Egibar le hayan explicado algo más que al resto. Incluso al resto de sus compañeros de partido, porque fueron otros militantes con responsabilidades los que exigieron la dimisión y la entrega de los carnés. Una medida que Rajoy no se atrevió a tomar con Camps en su día, ni Zapatero con Blanco, otro ilustre imputado que iba reuniéndose en gasolineras con empresarios de dudosa actividad bajo el argumento de que se lo presentó su primo. No. Hay cosas que en política no se deben hacer, aunque no haya delito mediante o éste no haya sido aún juzgado.

Hay cosas que en política no se deben hacer aunque no haya delito o éste no haya sido aún juzgado