vitoria. "Es hora de que el Estado democrático de Derecho haga valer su superioridad moral y aplique a los presos de ETA el ordenamiento jurídico-constitucional, prescindiendo de las normas y pautas interpretativas especiales ligadas a la lucha antiterrorista"; es decir: es hora de aplicar la ley desnuda de todo barniz político de forma que deje de ser utilizada como un instrumento en la lucha contra el terrorismo y pase a ser la herramienta para la "reeducación y reinserción social" del penado que establece la Constitución. Un cambio de paso que, además de oportuno en el actual escenario, sería "perfectamente encajable" en la ley, así como compatible "con los valores de respeto a los derechos humanos y a los derechos de las víctimas del terrorismo(...) que deben cimentar la construcción de un nuevo tiempo en el que ETA esté fuera de escena para siempre"

Así de rotundo se mostró ayer el Ararteko, Iñigo Lamarca, a través de una declaración con la que sumó su autorizada voz al coro que reclama cada vez con más fuerza un cambio en la política penitenciaria que facilite la consolidación de la paz en Euskadi, libre de la terrible estrategia de acción-reacción que tanto dolor ha causado.

La postura del Ararteko no es en absoluto nueva. Sin embargo, Lamarca quiso hacer así su particular aportación al debate abierto sobre el futuro de los presos tras el cese de la actividad anunciado por ETA, asegurando que la reivindicación de pasos en esta materia "encuentra, si cabe, más sentido" ahora que nunca, dado que en la nueva situación "decae el objeto en el que se ha basado la restricción de derechos" para minar así a ETA.

no más legislación "excepcional" En su artículo -reproducido íntegramente bajo estas lineas-, Lamarca subraya que su "denuncia radical y firme contra ETA" es "perfectamente compatible con la demanda de otra política penal penitenciaria", recordando aquí que la ley dicta interpretar las normas "en relación con el contexto (...) y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas", lo que le lleva a insistir en la necesidad de que el Gobierno cambie sus actuales "pautas".

Y es que Lamarca no pide más que el cumplimiento de la ley, con todo lo que eso supone, ya que las actuales "restricciones" fueron ideadas para "personas pertenecientes a organizaciones que ejerzan el terrorismo"; un supuesto que, como subraya, no se da desde que ETA ha abandonado "explícita y definitivamente" esta actividad. En este sentido, recuerda que la ley penitenciaria e incluso las Naciones Unidas rebaten la dispersión; que "el uso excesivo de la prisión provisional", o "las limitaciones en el acceso a permisos, a la clasificación penitenciaria en tercer grado y a la libertad condicional" sólo responden a una aplicación excepcional de la ley destinada a combatir a ETA; y que, en esta linea, "se debería facilitar la aplicación de las normas legales que prevén, si se dan los requisitos establecidos y de manera individualizada, la excarcelación de los internos que hayan cumplido la parte de su condena necesaria para acceder a la libertad condicional, o que padezcan enfermedades graves e incurables", rechazando además una doctrina Parot sobre la que, como recuerda, aún debe pronunciarse el Supremo.

la agenda de rajoy Pero la cuestión de los presos está tan candente que no hay día en que no se abra un hueco en la agenda política. De hecho, ésta será una de las claves que marque la cita que hoy mantendrán el lehendakari y el presidente español, Mariano Rajoy, -y la que el martes compartirá con el presidente jeltzale Iñigo Urkullu- en la que Patxi López volverá a defender una flexibilización de la política penitenciaria que ayude a consolidar este tiempo de esperanza, en sintonía con lo que reclama Lamarca, pero también otros muchos agentes como el Acuerdo de Gernika, el PNV o EB.

Pese a todo, el Gabinete Rajoy se enroca aún mientras ultima la hoja de ruta que seguirá en esta materia. Así, el propio presidente reiteraba desde Lisboa que su única receta es "la aplicación estricta de la ley", desde la "firmeza", entornando así la puerta a los cambios que se le piden desde Euskadi. De hecho, después de que Francia aprobara que los presos deben ser acercados a suelo vasco, su ministro del Interior, Jorge Fernández, respondía ayer que ese país "tiene su legislación y nosotros la nuestra", que tiene "su punto de diferencia", anteponiendo así de nuevo la disolución de ETA a cualquier paso en este campo.

Y también en esta clave, la falta de consenso hizo decaer una moción de Bildu en Bilbao que reclamaba estos pasos, imponiéndose una alternativa firmada por PNV y PSE en la que, si bien se pidió el fin de la dispersión, los firmantes pusieron el acento en la necesidad de cimentar un relato "verz" del dolor sufrido para "recordarlo y no repetirlo". "Sólo pedimos que se cumpla la ley, no beneficios o el perdón", lamentó Bildu, que reclamó que se apoyen los "importantes" pasos dados "para que se den más".