Bilbao. El PP se ha estrenado en el Ministerio de Justicia retomando uno de sus temas de discusión predilectos. Tras cargar históricamente contra la flexibilización de los supuestos de aborto, los populares apostaron ayer por mandar a la papelera la ley de 2010, al tiempo que insinuaron un retorno a 1985. Alberto Ruiz-Gallardon incluyó dentro de su batería de iniciativas la propuesta de que las jóvenes de 16 y 17 años deban contar con el consentimiento de los padres para poder interrumpir su embarazo. Según la norma aprobada por los socialistas, las adolescentes únicamente debían informar a sus progenitores, además de que podían saltarse el trámite en el supuesto de que existiera peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo.

El Gobierno español reformará la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, además, para establecer un criterio de supuestos y no de plazos -hasta ahora, las madres no debían alegar ningún motivo para abortar en las 14 primeras semanas de gestación-. La norma de 1985 fijaba tres supuestos para despenalizar la práctica -en caso de violación y dentro de las 12 primeras semanas, en el supuesto de que el embarazo pusiera en riesgo la salud física o psíquica de la madre, o en caso de que el feto presentara malformaciones o deficiencias psíquicas, cuando el plazo se extiende hasta 22 semanas-.

A pesar de que la portavoz adjunta del grupo popular en la comisión de justicia Beatriz Escudero fuera en un principio más allá para concretar que se regresaría a esa norma, se retractó posteriormente para ceñirse a la doctrina del Tribunal Constitucional y al derecho a la vida. En cualquier caso, el debate parece servido. Los partidarios de que se pida la autorización de los padres defienden que permitirá a las jóvenes contar con su apoyo en un trance complicado, del mismo modo que los progenitores podrán asesorar a sus hijas para que tomen la decisión más acertada y sin precipitación. Desde la Organización Médica Colegial se pidió, incluso, que se vuelva a exigir receta para la píldora del día después. Sin embargo, quienes se oponen a la petición de permiso sobre el aborto avisan de que la petición de autorización no reducirá el número de abortos, ya que las jóvenes buscarían recovecos para llevar a término su voluntad, y acabarían encontrándolos en prácticas clandestinas que podrían poner en grave riesgo su vida.

ley del menor No obstante, las modificaciones propuestas por Gallardón no terminan ahí, sino que también hacen referencia a la Ley de Menores. En ese punto, se propone que los menores de edad sean juzgados junto a los mayores de 18 años en las causas que compartan, y siempre que se trate de delitos graves, como sucediera en los controvertidos casos sobre Marta del Castillo o Sandra Palo. Un extremo que podría poner en solfa su privacidad y derecho a la imagen en los supuestos en los que se televisan los juicios o se toman imágenes de estos. La reforma no supondría merma alguna para los derechos de los menores, ya que se les seguirá aplicando una normativa especial.