MADRID. El dirigente socialista ha entrado en el Palacio de Justicia acompañado de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda y sin querer hacer declaraciones ante el grupo de cámaras, fotógrafos y periodistas que esperaban desde primera hora de la mañana.
La declaración, como imputado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, se produce a petición propia y sin esperar a que el alto tribunal solicite el pertinente suplicatorio al Congreso de los Diputados para cursar su citación.
Blanco solicitó declarar voluntariamente en un escrito presentado ante el TS el 5 de enero en el que solicitaba poder conocer "la demanda, querella o actuación judicial de la que resulta la imputación", y además que se le permitiera conocer las actuaciones e instar a la práctica de diligencias y "cuanto a su derecho convenga".
INVESTIGACIÓN DE COBROS ILEGALES En el marco de la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.
En el marco de la causa investigada por la juez de Lugo Estela San José, Dorribo acusó a Blanco en distintas declaraciones de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez.
Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al exministro de Fomento y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.
En la exposición razonada que la juez remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al exministro por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.
