vitoria. El caso Miñano entra en su recta final en el Parlamento Vasco justo cuando las puertas de los juzgados están a punto de abrirse para recibir a los primeros acusados en la presunta trama, los supuestos responsables del espionaje a políticos y empresarios del territorio alavés.
El presidente de la comisión especial de investigación que empezó a trabajar hace ahora un año, Juanjo Agirrezabala, presentará esta mañana a los grupos su borrador de conclusiones sobre las posibles responsabilidades políticas que acarrearía el caso, con las medidas que deberían adoptarse para evitar episodios similares en el futuro. A partir de este momento, los grupos presentarán sus alegaciones y se redactará un dictamen que será sometido al escrutinio del Pleno, donde probablemente sólo encuentre el rechazó del PNV. Los jeltzales, en cuyas filas militaban los imputados por la Justicia, han visto en la comisión parlamentaria un intento de utilizar políticamente el caso contra su partido.
También hoy se aprobará el último calendario de trabajo de esta comisión, por la que han pasado a declarar los imputados por el juez Roberto Ramos. El fiscal, Josu Izaguirre, sostiene que el exmiembro del Araba Buru Batzar y exdiputado de Administración Local Alfredo De Miguel lideraba junto al también burukide Aitor Telleria y al exalto cargo foral Koldo Otxandiano una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares por parte del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y de instituciones como el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano.
El 17 de marzo de 2010 la Ertzaintza detuvo a ocho personas y registró sus domicilios, así como la empresa Kataia, ubicada en una sociedad gastronómica vitoriana. Las esposas de De Miguel, Otxandiano y Telleria figuraron como responsables de esta empresa de la que, según declaró una de ellas, eran "los maridos" quienes llevaban las riendas. Los registros de aquel 17 de marzo abrieron una nueva línea de investigación, la del supuesto espionaje.
