Vitoria. Carlos Urquijo, ejerciendo ya como delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca, salió ayer al paso de las últimas declaraciones hechas por el líder del PNV, Iñigo Urkullu, en las que pedía la salida de Euskadi de aquellos cuerpos policiales "ajenos", cuya presencia sólo justificaba la actividad violenta de ETA: la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Y lo hizo marcando perfil y dispuesto a subrayar las líneas rojas con las que no permitirá que se juegue estrenándose así en las funciones de jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la CAV que le otorga su actual cargo. "Respeten la legalidad, el Estatuto y la Constitución", advirtió Urquijo a quienes pretendan recorrer la senda abierta por Urkullu porque, según subrayó, el texto de Gernika "es claro al respecto" y contempla la presencia de efectivos de estos cuerpos en suelo vasco para atender labores como la vigilancia de puertos y aeropuertos. "Ése es el discurso habitual del nacionalismo", despachó el nuevo delegado del Gobierno español, que atribuyó las declaraciones del presidente jeltzale a un mero mensaje de consumo interno destinado a la ortodoxia abertzale, y que no quiso dejar pasar la ocasión para aplaudir la hoja de méritos de unos cuerpos policiales a los que atribuyó muchos de los éxitos logrados en la lucha contra el terrorismo. "Entiendo que hagan ese discurso, pero que respeten la legalidad", zanjó.

Presos y escoltas Pero Urquijo también se retrató en declaraciones a la Cadena Ser sobre dos de las cuestiones que, junto al reconocimiento de las víctimas, centran las últimas páginas de la historia de ETA: los presos y los escoltas.

Sobra la primera cuestión, el delegado del Gobierno tiró del tradicional libro de estilo popular para reiterar que "los cambios que se tienen que adoptar los tiene que hacer la banda terrorista, que es a la que la sociedad vasca ha exigido que se disuelva, entregue las armas y reconozca el daño causado", rechazando así que el Gabinete Rajoy deba dar paso alguno hasta entonces.

Asimismo, ante la puerta abierta a que Francia repatríe a los presos de ETA que cumplen allí condena, Urquijo advirtió a la república gala de que "lo mismo que nosotros no nos vamos a inmiscuir en su política penitenciaria, deseamos que nadie lo haga en la del Gobierno de España", ya que ésta "es un instrumento para conseguir el desistimiento de ETA". Además, reiteró que estudia iniciar "acciones legales" para castigar a quienes exhiban pancartas por los derechos de los presos -como sucedió en la Tamborrada donostiarra- por el "importante malestar" que a su juicio causan.

Por último al abordar la reducción de escoltas, Urquijo dirigió sus dardos contra el Gabinete López, al que reprochó haber anunciado públicamente esta decisión y pidió una "sensatez y discreción" que confió en que se refleje en la cita que los representantes de Interior de ambas administraciones mantendrán mañana en Leioa para tratar estos asuntos.