madrid. El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, en Castellón, ha abierto juicio oral contra el presidente del PP de la provincia de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, y le ha impuesto una fianza de más de 4,2 millones de euros. En la causa, abierta por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, también están acusados la esposa del dirigente popular, Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives, según el auto facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El titular del Juzgado de Instrucción de Nules, Jacobo Pin, impone una fianza de 4.270.859 euros a Fabra, de 1.718.192 euros para su esposa, y de 800.000 para Vilar y su exmujer.
los hechos En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, que se siguen en el juzgado de Nules, por entender que habían prescrito. Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.
El juez Pin considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
En los antecedentes de hecho, el magistrado sostiene que Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su entonces esposa, Monserrat Vives. Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, para lo cual se puso en contacto con el entonces presidente de la Diputación a través de su mujer, Amparo Fernández, que era amiga de Monserrat Vives. A raíz de estas actuaciones Fabra celebró una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim para tratar los retrasos en la concesión de licencias e informar sobre el estado administrativo de los productos.
Posteriormente, se aprobó la autorización para uno de los productos más importantes de Naranjax y, a consecuencia de esto, Carlos Fabra requirió a Vilar 25 millones de pesetas en metálico en reconocimiento de su mediación. Fabra continuó su labor de mediación y entre los ejercicios fiscales de 1999 y 2004, él y su mujer obtuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda Pública. Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.
