Madrid. El comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que dirigió la investigación de la trama Gürtel, afirmó ayer en el Tribunal Supremo que el juez Baltasar Garzón, desde las primeras detenciones de los cabecillas de la red, dijo que el derecho de defensa "prevalecía sobre cualquier cosa". Así lo aseguró Olivera en su declaración como testigo en el juicio que contra Garzón se sigue en el Alto Tribunal por ordenar las escuchas del caso Gürtel. Además, el alto mando policial corroboró lo que el juez suspendido había declarado el martes en la primera jornada del proceso, que desde el principio había claros indicios de blanqueo "puro y duro" que podían implicar también a los abogados de los cabecillas de la trama.
Preguntado por el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, Olivera se remontó al momento en el que Francisco Correa y Pablo Crespo fueron detenidos el 6 de febrero de 2009 y designaron como abogado a José Antonio López Rubal, contra quien -dijo- "también había fuertes indicios". El comisario recordó que la Policía ya sabía que en una siguiente fase de la operación iba a ser imputado López Rubal, que tenía conocimiento de todas las actividades de la trama, y que planteó a Garzón si en esa situación este letrado podría asistir a los detenidos en sede policial. Una duda a la que el magistrado respondió que "el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier diligencia policial".
Pesquisas Respecto a la dinámica de la investigación, que inició la UDEF tras recibir la denuncia del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, Olivera recordó que se requería una actuación muy cercana y próxima al juez, a quien personalmente trasmitió la conveniencia de "acelerar" la operación al constatar los indicios del blanqueo de capitales y el riesgo de fuga de Correa. Recalcó además que la detención de Correa y Crespo no puso fin a las actividades delictivas de la trama y que la estructura de la red "seguía funcionando desde la cárcel con el ánimo de proteger su patrimonio en España y en el exterior".
Según el comisario, que también en este punto ratificó lo dicho por Garzón, fueron los agentes quienes propusieron la intervención de las comunicaciones, necesarias a su juicio "para investigar un delito de blanqueo que requiere diligencias muy complicadas incluso en el extranjero". Tras la propuesta, Garzón redactó un oficio "minucioso" en el que detalló la participación de los agentes, la prohibición para los funcionarios de prisiones de acceder al contenido de las grabaciones y la prevención del derecho de defensa. "Y sería el juez quien decidiría que era derecho de defensa y que no era derecho de defensa, por lo que los policías no estaban facultados para quitar nada", subrayó.
