Vitoria. Como bien decía ayer la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, Euskadi es el único país del mundo en el que la institución gobernante carece de capacidad de decisión sobre sus ingresos. Con la severa crisis como telón de fondo, ese Ejecutivo ha decidido intensificar su ofensiva contra la norma que garantiza ese statu quo, la Ley de Territorios Históricos, un debate que viene calentando gradualmente desde el inicio de la legislatura y que parece a punto de entrar en ebullición.

Tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en Gasteiz, Mendia compareció ante los medios para lamentar, una vez más, que las diputaciones se nieguen a negociar con el lehendakari la modificación de los impuestos en la CAV, lo que supondría una merma en su competencia más singular y también la que más poder les otorga.

El Gobierno necesita perentoriamente optimizar recursos para no reducir gasto social y lo quiere hacer influyendo en el diseño de los impuestos más allá de lo que le permite el Órgano de Coordinación Tributaria. Así, cada vez utiliza menos circunloquios para pedir que la LTH se revise, lógicamente con el fin de dotarse de más poder en materia de fiscalidad. "Resulta paradójico que la institución que presta todos los servicios no tenga ninguna capacidad para decidir sobre los ingresos", resaltó Mendia, quien abogó por "dar una vuelta a todo", por "analizar sin apriorismos y sin ningún miedo" las normas que rigen la relación entre las instituciones, pues Euskadi "es un país, no tres".

La reflexión llegaba como respuesta a la comparecencia de los tres diputados generales en el Parlamento Vasco, un día antes, para emitir su opinión sobre el informe de duplicidades en la Administración que en los palacios forales miran con recelo, temerosos de que tras su redacción se esconda la intención de recortar competencias a las diputaciones.

Martin Garitano, máximo representante de los guipuzcoanos y cabeza de lista por Bildu en las elecciones de mayo, está dispuesto a debatir sobre estos solapamientos con el Ejecutivo, pero entre el foralismo y el centralismo autonómico se queda con un estado independiente formado por los siete territorios vascos, con lo que el debate, más allá de lo puramente técnico, le es un tanto ajeno. Javier de Andrés, fiel a su ideario conservador y foralista, afirmaba que el Ejecutivo vasco también mantiene duplicidades con la Administración del Estado, a modo de argumento ante la eventual imagen de la Diputación alavesa como un ente derrochador. Sin embargo, la más encarnizada pugna de poderes es la que mantienen desde hace tres años el Gobierno Vasco y la Diputación vizcaína, cuyo máximo responsable, José Luis Bilbao, rechaza de plano hablar de impuestos con el Ejecutivo de Patxi López. Ayer Mendia le instó a "explicar sus ciudadanos" esta negativa y le afeo que niegue "la mayor, que existen duplicidades".

La cuestión, más que si existen o no, es ese equilibrio de poderes sin parangón conocido en Europa y que nació de la adaptación de las viejas leyes vascas a la democracia, un modelo que el PSE y su Gobierno cuestionan cada vez con más fuerza amparados en la crisis y en el escaso aprecio que por la LTH tienen todos los partidos del Parlamento Vasco salvó PNV y PP. Por ello, las insinuaciones cada vez lo son menos para convertirse en afirmaciones. El pasado 11 de enero, el consejero de Economía, Carlos Aguirre, defendió en la comisión de duplicidades los cambios en la Ley para evitar la dispersión de competencias, al igual que el secretario general de Presidencia, Manu Salinero. El propio lehendakari López apostó el pasado jueves por diseñar una fiscalidad que "nos dé suficiencia financiera". Es decir, que quien decide sobre los gastos decida también sobre los ingresos.