madrid. El juez Baltasar Garzón se sentará mañana en el banquillo del Tribunal Supremo por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del "caso Gürtel" en prisión y sus abogados, en el que será el primer juicio por prevaricación al que debe enfrentarse el magistrado, ya que posteriormente deberá comparecer por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Con una inusitada expectación mediática, con casi un centenar de medios de más de 15 países acreditados, y la movilización de los defensores del magistrado para denunciar la "persecución política" a la que se ve abocado, la causa contra Garzón por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por el abogado de uno de los imputados en el caso Gürtel. Y mientras que ese letrado solicita 10 años de inhabilitación, la representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, y de su número dos, Pablo Crespo, pide ampliar ese periodo en siete años más. Por su parte, la Fiscalía no acusa y reclama la absolución del magistrado, que está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, al considerar que no cometió los delitos imputados.

En el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 11 de abril, el juez instructor en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, señaló que Garzón, con el fin de obtener información de relevancia sobre el caso que no tenía la seguridad de lograr por medios lícitos, accedió a las conversaciones de los abogados con los presos en la cárcel de Soto del Real, hechos suficientes en su opinión para juzgarle por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.