vitoria. En caso de que Mariano Rajoy decida emprender pasos más arriesgados en política penitenciaria, tendrá que saber lidiar con buena parte de las asociaciones de víctimas del Estado. El PP dio cumplidas muestras de no querer descuidar el frente de los damnificados durante la campaña, cuando optó por el silencio en materia de paz y normalización para no soliviantar a uno de sus principales caladeros de votos, donde ha comenzado a pescar también UPyD. Una vez ganadas las elecciones del 20 de noviembre, y tras la manifestación del sábado a favor de los derechos de los presos, la AVT ha decidido tensar la cuerda del PP acusando a Moncloa de seguir una hoja de ruta pactada con Zapatero en materia penitenciaria. Por ello, ha exigido que no se conceda beneficio penitenciario alguno a los presos de ETA.
En declaraciones a Efe, la presidenta del colectivo Ángeles Pedraza mostraba ayer su confianza en que el nuevo Gobierno no conceda esos beneficios a "asesinos y terroristas". "El Gobierno socialista les ha dejado la hoja de ruta muy bien hecha, y lo que hacen ellos es seguirla con lo que tuvieran pactado con el anterior Ejecutivo", dijo, tras abogar por que la marcha "no condicione para nada" la política penitenciaria estatal, y por que "con el nuevo Gobierno no consigan lo que quieren".
En este sentido, recordó que tanto Rajoy como el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz apelan siempre a la ley. "En ninguna ley dice que los terroristas asesinos puedan tener unos beneficios especiales", opinó. La presión que ahora vuelve a aplicar la AVT sobre el Gobierno español ya se dejó notar antes de las elecciones, cuando la asociación se reunió con Rajoy a petición del propio colectivo y sin que el entonces candidato a Moncloa diera mayor publicidad al encuentro. Según el colectivo, Rajoy se comprometió a no negociar y a cumplir la ley en las cárceles, de modo que no habría beneficios sin arrepentimiento. En las últimas jornadas, las víctimas se han reunido, asimismo, con el ministro del Interior.
