El Gobierno aconseja el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos

Esta comisión, integrada por doce personas, recomienda, sin embargo, que los restos de José Antonio Primo de Rivera no deben ocupar una lugar preeminente en la Basílica del conjunto monumental "dada la igual dignidad de los restos de todos los allí enterrados", unas 33.847 personas.

Sólo el capítulo del informe dedicado al traslado de los restos de Franco no contó con la unanimidad de los doce miembros de la Comisión, ya que tres de ellos -González Trevijano, Miguel Herrero Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Feliciano Barrios- incorporaron un voto particular al considerar que deben permanecer en la Basílica.

González-Trevijano restó importancia a esa diferencia de criterio, pero argumentó que el traslado, 36 años después de la muerte del dictador, podría "servir más para separar, dividir y tensionar", algo que debe evitarse. De todos modos, el informe deja claro que el traslado deberá contar con el máximo acuerdo parlamentario y, por supuesto, con la Iglesia, propietaria de la Basílica, un recinto que, por tanto, es "inviolable", tal y como explicó Zapatero. No sería necesaria, sin embargo, la autorización de la familia, aunque sí sería conveniente consultarla, si bien al tratarse ya de restos cadavéricos se puede aplicar la misma normativa de los cementerios y proceder a su incineración una vez que ya ha pasado un tiempo considerable. En cualquier caso, los miembros de la Comisión mantuvieron un encuentro con la hija del dictador, Carmen Franco, en una reunión "muy cordial y correcta" en la que ésta solicitó que los restos permanecieran donde están, como explicaron los copresidentes de la comisión. Según esa conversación, Carmen Franco no tenía constancia de que su padre expresara alguna vez su deseo de ser enterrado en el Valle de los Caídos, algo que tampoco escuchó de boca de su madre.

La familia Franco tampoco pidió al Gobierno de ese momento que el féretro fuera trasladado a ese lugar, por lo que Carmen cree que fue una decisión del Ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro.

Pero es la Iglesia la que debe dar su autorización, aunque se desconoce su opinión en este momento. A pesar de que la comisión ofreció al abad de la Basílica participar en los trabajos, éste no quiso porque la situación de la orden benedictina que ocupa el monumento está consolidada y determinada por un convenio de 1958 que, según el informe, es ya anacrónico y que se podría denunciar. Más tarde, se reunieron con el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, a quien le ofrecieron un contacto periódico, pero a pesar de la insistencia de la comisión, no se produjo, señaló Zapatero. Entre las recomendaciones de la comisión caben destacar, entre otras actuaciones valoradas en unos 13 millones de euros, la ejecución de una "potente" intervención artística en la explanada delantera que recuerde a todos los fallecidos; dignificar el cementerio; habilitar un espacio para la meditación de carácter cívico; o la construcción de un centro de interpretación en el que se informe al detalle de su historia. Tendrá que ser el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy el que decida si ejecuta las recomendaciones de los expertos que, tal y como aseguraron, asumieron la tarea como un servicio a España conscientes de que se trataba de un asunto polémico.