vitoria. Luiz Inácio Lula da Silva dejó a su heredera un país que combina crecimiento económico, inclusión social y un gran peso en la escena internacional. Brasil se convirtió con este obrero metalúrgico y sindicalista metido a presidente en el gigante latinoamericano. Pero Lula también dejó a Dilma Rousseff una difícil herencia: la corrupción. Un espinoso asunto si se tiene en cuenta que el país sudamericano pierde hasta el 2,3% de su producción económica anual por este problema, según la agencia Reuters.

Desde que la sucesora de Lula asumiera el poder el pasado enero, cinco ministros de su Gobierno se han visto obligados a dejar su cargo por escándalos de corrupción -otro más renunció tras criticar al Ejecutivo de Rousseff durante una entrevista-. El primero en caer fue el influyente jefe de gabinete, Antonio Palocci, quien dimitió el pasado junio, mientras que el último fue el titular de Deportes, Orlando Silva, a finales de octubre. En estos momentos, las miradas están puestas tanto en el ministro de Trabajo, Carlos Lupi, del Partido Democrático Laborista (PDT), como en el titular de Ciudades, Mario Negromonte, del Partido Pogresista (PP).

Dilma Rousseff encabeza en estos momentos una "limpieza ética" -como la han denominado los medios brasileños- para acabar con este tipo de prácticas tan impopulares y que han provocado ya reacciones en la calle en forma de manifestaciones. Esta estrategia está siendo bien acogida entre la población, pero produce un desgaste entre la jefa del Estado y la alianza de partidos que la sustenta -hasta 16 formaciones-.

Los críticos dicen que la corrupción empeoró durante los dos mandatos de Lula, que adoptó una postura más bien relajada en materia de gastos ministeriales en los últimos años de su Gobierno. De hecho, los últimos escándalos han dejado al descubierto, en algunos casos, grandes tramas de corrupción creadas al interior de los ministerios como forma de financiación ilícita del partido al que pertenecía el titular.

Estos escándalos han provocado también que el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cargara recientemente contra su sucesor al señalar que el principal reto de Rousseff será desestructurar el sistema de corrupción creado durante el segundo mandato de Lula (2007-2010). Según Cardoso, la "obsesión" por ampliar la base aliada del gobierno en el Congreso habría llevado a Lula da Silva a ceder "partes al Estado" y a permitir acceso a recursos públicos a grupos políticos.

"Si no aprovechamos la oportunidad ahora para intentar cambiar ese sistema, podremos caminar por mucho tiempo bajo esta regla del juego, la que seguramente no es favorable a la democracia", apuntó en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo. El expresidente agregó que, para desestructurar este presunto esquema de irregularidades, la presidenta brasileña tendrá que cambiar las bases de apoyo del gobierno, aunque manifestó sus dudas sobre si podrá hacerlo. Rousseff está determinada a cortar con la herencia de Lula y formar un gabinete a su medida. Para ello, la mandataria tiene previsto anunciar el próximo enero, coincidiendo con su primer aniversario en el poder, una profunda reforma ministerial. Sin embargo, los analistas advierten de que debe ser muy cautelosa con esta campaña anticorrupción para que no termine perjudicándola -en referencia a los partidos aliados-.

Como parte de esta "limpieza ética", Rousseff impulsó la ley de libertad de información, que obliga a las autoridades a publicar datos sobre gastos y a responder a los ciudadanos que solicitan pruebas. Ya el año pasado, se aprobó la ley Expediente Limpio, que impide a los políticos con antecedentes penales ocupar cargos públicos -una quinta parte de los legisladores tienen casos en la Corte Suprema-, a raíz de que 1,5 millones de brasileños firmaran una petición popular solicitando una legislación al respecto. A pesar de estas leyes, aún hacen falta muchas medidas para acabar con la cultura de impunidad y corrupción al interior de los partidos. Por ejemplo, todavía es necesario lidiar con muchas de las causas de la corrupción, como los excesivos gastos de campaña, que hacen que los partidos se vean presionados para recaudar fondos, a veces, de forma ilegal.

CORRUPCIÓN JUDICIAL Pero además de los partidos políticos, esta misma semana también el sistema judicial se ha visto envuelto en un gran escándalo de corrupción. El patrimonio de al menos 62 jueces, acusados de haber vendido sentencias para su enriquecimiento personal, está siendo analizado por la Corregiduría Nacional de Justicia -el mayor órgano de control del poder judicial-, la Policía Federal, el Banco Central y el Consejo de Control de Actividades Financieras. Algunos analistas ya se han apresurado a señalar que esta investigación forma parte del nuevo ambiente creado por la presidenta Rousseff, alérgica confesa a cualquier tipo de ilegalidad entre los funcionarios.

Brasil, el gigante latinoamericano, necesita una profunda reforma en su sistema político para que los buenos resultados económicos vayan acompañados de transparencia y buena gestión.