MADRID. Así lo han indicado fuentes del Ministerio Público, que tiene previsto presentar en los próximos días un informe al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que detalle si es competente o no para asumir esta investigación, que se ha desgajado del caso 'Palma Arena', que instruye el juez José Castro.
La Fiscalía Anticorrupción estudia si esta investigación puede ajustarse a los requisitos que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre las competencias de la Audiencia Nacional. Su artículo 65 recoge que este tribunal es competente para investigar, entre otros supuestos, las "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".
El abogado de Matas, Antonio Alberca, pidió que la Audiencia Nacional asumiera la causa, que recayó por el sistema de reparto en el juzgado de Ismael Moreno, al entender que afecta a tres comunidades autónomas diferentes: la Valenciana, Baleares y Cataluña.
El planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción encaja con las declaraciones que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hizo el pasado día 14 al señalar que la pieza que afecta a Urdangarían puede continuar instruyéndose en Palma bajo la dirección del fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, en lugar de ser asumida por la Audiencia Nacional.
15 ARCHIVADORES DE DOCUMENTACIÓN
Según las citadas fuentes, la documentación que los investigadores se incautaron en los registros llevados a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre en el Instituto Nóos y en varias sociedades mercantiles vinculadas a Urdangarín está siendo analizada en sede judicial por la Fiscalía y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Se trata, en concreto, de unos 15 archivadores.
Los documentos, que fueron incautados en la denominada 'operación Babel', fue trasladada la semana pasada a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares. Tras su análisis, la Fiscalía decidirá si llama a declarar al marido de la infanta Cristina como imputado o como testigo, en cuyo caso podría hacerlo por escrito.
La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, fijaron precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".
En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
En un auto, el magistrado sostenía que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso Palma Arena'.
La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".
De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las actuacones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".
