madrid. El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, desvió al menos 600.000 euros procedentes del Gobierno autonómico de Baleares y de la Generalidad Valenciana a Aizoon, la promotora inmobiliaria que comparte con su esposa, la infanta Cristina, según se deduce de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción reveladas ayer por el diario El Mundo. Además, podría haber emitido facturas falsas para realizar la operación. En caso de confirmarse, estas actividades supondrían la supuesta comisión de los delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación.
Los 600.000 euros procederían de la organización de dos congresos sobre turismo y deporte en Baleares, en 2005 y 2006, y de otras jornadas similares (Valencia Summit) en la Comunidad Valenciana. El cobro se realizó por el concepto de Gestión de la logística, pero la Policía Judicial considera que, en realidad, son trabajos ficticios, versión confirmada, según El Mundo, por varios trabajadores de Nóos. Estos aseguran que "la logística no la pudo hacer Aizoon (compañía que comparten los duques de Palma al 50%) ni ninguna otra empresa porque las llamadas de teléfono, reservas de hoteles e invitaciones a los ponentes corrieron a cargo de nuestra cuenta".
El primero de ellos, Illes Balears Forum, tuvo lugar en el año 2005 y duró dos días y medio, por los que la empresa de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres se embolsaron nada menos que 2,3 millones de euros, sumando el mismo evento celebrado al año siguiente. Según la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, los servicios prestados no superaron los 100.000 euros. Utilizando facturas falsas, injustificadamente infladas, Iñaki Urdangarín junto a Diego Torres, siguieron efectuando sus falsos servicios. A pesar de que Nóos Consultoría Estratégica, S.L. está inscrita como una entidad sin ánimo de lucro, el diseño de los ciclos de conferencias citados anteriormente reportaron al ente de Urdangarin y Torres 145.000 euros. Anticorrupción ha podido comprobar que por este mismo trabajo, Nóos subcontrató el servicio con una empresa catalana, comunidad donde vivían en 2005 y 2066 los duques de Palma, por apenas 34.000 euros.
Al igual que en el caso anterior, la Policía Judicial considera acreditado que no existen trabajos realizados por el marido de la Infanta Cristina y su mano derecha en este sentido, y que los recibos presentados bajo este concepto son también falsos.
Según El Mundo, los imputados en esta trama de corrupción no han podido justificar a José Castro, juez instructor de lo que en un primer momento se denominó Caso Palma Arena y ahora ya se conoce como Caso Urdangarin, los datos de las facturas incautadas por la Policía Nacional. La imputación de Urdangarin, según fuentes de la investigación, es cuestión de días.
