vitoria. No son pocos los agentes políticos que han lamentado la cercanía temporal entre el comunicado que anunciaba el fin de ETA y la convocatoria electoral, temerosos de que la cita con las urnas impidiera ver la situación con la perspectiva histórica que exige el momento. Ayer en el Parlamento Vasco se pudo comprobar que, efectivamente, los comicios complican las cosas y que hasta el 21 de noviembre no se podrá empezar a trabajar en serio en la construcción de una Euskadi en paz.
El PP presentó una propuesta en la que exigía más tolerancia cero con quienes humillan a las víctimas de ETA y celebraba que el Tribunal Supremo enmendara a la Audiencia Nacional y estimara que el mero hecho de colocar fotos presos en la calle ya implica enaltecimiento -en realidad la sentencia dice que hay que analizar cada caso por separado-. El popular Carlos Urquijo logró atraerse al PSE a su iniciativa evitando celebrar la sentencia judicial y limitándose a acatarla, pero alabando en cambio los avances logrados en esta legislatura en esa materia y achacándolos a la firma del acuerdo de bases, un "toque de atención" ante los intentos de "equiparar" a víctimas y victimarios, según el socialista Jesús Loza. Se cerraban así las puertas al acuerdo con formaciones como el PNV, mientras que UPyD se sumaba con entusiasmo.
Los jeltzales vieron y siguen viendo en el pacto constitucionalista una agresión directa y premeditada contra el partido que más votos obtuvo en las autonómicas de 2009. El nacionalista Iñigo Iturrate se negó a ser el "palmero" del acuerdo de bases, mientras Ezker Batua y Aralar tachaban la iniciativa de electoralista y Eusko Alkartasuna, por boca de Juanjo Agirrezabala, criticaba que se mezcle la "libertad de expresión -en referencia a las fotos de presos- con la "dignidad de las víctimas".
Las acusaciones de electoralismo se cruzaban a un lado y otro de una Cámara de nuevo dividida, y volvieron a escucharse cuando el debate se trasladó a la condena de las amenazas a alcaldes y cargos municipales de Bildu en Lasarte, Andoain, Oñati y Azpeitia. La diferencia, en esta ocasión, fue que la transversalidad sustituyó a una división entre nacionalistas y constitucionalistas que, en materia de derechos humanos, "no es real", según la portavoz de Aralar Aintzane Ezenarro.
El socialista Francisco García Raya y Agirrezabala consensuaron un texto que exige la desaparición de "cualquier tipo de amenaza" y lograron aprobarlo con la unanimidad de la Cámara. Tanto PSE como PP y PNV aprovecharon la ocasión para afear a la izquierda abertzale que durante años no haya realizado el gesto que ayer los partidos vascos materializaron en la Cámara, el rechazo a las amenazas a alcaldes y concejales.
TXUS DÍEZ
CRÓNICA PARLAMENTARIA
