Bilbao
RECONOCIMIENTO de las víctimas y política penitenciaria. Tras el comunicado de ETA del pasado 20 de octubre, en el que la banda anunciaba el cese definitivo de su actividad armada, las víctimas y los presos son dos de los ejes claves en la política vasca en el día después de tan importante decisión. Y ambos temas, víctimas y presos, estuvieron presentes en la mesa redonda que dentro de la jornada Bake bidean (En el camino de la paz) organizó ayer la Fundación Leizaola en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la UPV-EHU en el campus de Leioa.
A esta primera mesa redonda pública tras el comunicado de ETA acudieron Emilio Olabarria (PNV), Óscar Rodríguez (PSE), Marisa Arrue (PP), Joseba Gezuraga (Bildu), Iosu Murgia (Aralar) y Gorka Maneiro (UPyD). Aunque han pasado dos semanas desde el cese definitivo de la actividad armada de ETA, lo cierto es que de los seis componentes de la mesa, tres de ellos -Arrue, Rodríguez y Maneiro- tuvieron que acudir al encuentro acompañados de la escolta que durante estos años ha velado por su seguridad personal.
Los seis no dudaron en calificar la decisión de ETA como una buena noticia, si bien es cierto que las diferencias fueron patentes al describir el camino por el que se ha transitado hasta llegar al anuncio de la banda. Si para Gezuraga los elementos claves fueron la Declaración de Bruselas o el Acuerdo de Gernika, Maneiro dejó claro que el peligro sigue latente por cuanto "todavía existe ETA y hay que exigir su disolución y entrega de las armas, además de una colaboración con la justicia para que se esclarezcan los asesinatos pendientes de saber quiénes fueron sus autores".
Olabarria, cabeza de lista del PNV por Araba, opinó que la desaparición de ETA no implica que se haya resuelto el conflicto político en Euskadi y destacó la labor de la sociedad vasca en estos últimos años. Marisa Arrue, segunda en la lista popular de Bizkaia, incidió en el hecho de que no puede haber paz sin libertad. Por eso, insistió en la necesidad de que la banda se disuelva y entregue las armas. Iosu Murgia, coordinador de Aralar en Bizkaia, aseguró que ha llegado el momento de la reconciliación y de avanzar entre diferentes "para que esto no vuelva a suceder". El socialista Óscar Rodríguez, por su parte, hizo un repaso de lo que han supuesto los últimos años y aseguró que después de lo más duro, "ahora llega lo más difícil" para lo que recomendó paciencia. El representante del PSE se remitió al decálogo presentado por Patxi López en el Debate de Política General celebrado el pasado 29 de septiembre.
visión de futuro Partiendo de la base de que, tal y como señaló Emilio Olabarria, "el final de ETA es absolutamente irreversible", los seis políticos presentes ayer en la mesa redonda miraron hacia el futuro y, en concreto, a los dos aspectos anteriormente reseñados: las víctimas y los presos.
El diputado jeltzale recordó que el haber adelantado las elecciones ha impedido que el Congreso español apruebe una ley de víctimas que, según manifestó, estaba consensuada por todos los partidos salvo UPyD. Dicha ley, además, no hablaba de vencedores ni vencidos y reconocía a todas las víctimas. Olabarria recordó que existen 42 asociaciones de víctimas y que la mayoría de ellas están a favor del proceso que se está desarrollando en Euskadi. Asimismo, el dirigente de la formación jeltzale aseguró que el relato de lo sucedido es algo que concierne a toda la sociedad y no solo a las víctimas.
En este reconocimiento al sufrimiento de las víctimas hubo coincidencia general entre todos los asistentes a la mesa redonda, si bien tanto Iosu Murgia como Joseba Gezuraga recordaron que "hay más víctimas, además de las propiciadas por ETA". En este sentido, Olabarria recordó a los muertos por disparos de la Policía en la protesta obrera del 3 de marzo de 1976.
Tanto Maneiro como Arrue quisieron dejar claro que en Euskadi no ha habido dos bandos enfrentados ni una guerra abierta. "Aquí unas personas pegaban tiros y asesinaban a personas indefensas, por lo que no se pueden equiparar las víctimas", manifestó Marisa Arrue. Óscar Rodríguez, por su parte, pidió a las víctimas "que no se callen" y recordó la concentración realizada el pasado sábado en Madrid, "donde atacaron al Gobierno, pero es bueno que las víctimas hablen y no se callen".
La situación de los alrededor de 700 presos fue otro de los puntos sobre los que se extendieron los representantes políticos. Olabarria recordó que la política de dispersión va en contra de la propia ley, que dice que los presos deben estar próximos a su arraigo familiar. Por ello, exigió que se aplique la ley al igual que al resto de reclusos y pidió "a quienes gobiernen" a partir del 20 de noviembre que tengan "altura de miras".
Iosu Murgia desveló lo sucedido hace días con el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, que acudió a visitar a su hija presa con un nieto de apenas un mes, para que su tía lo conociera. "Los funcionarios dijeron que pasaba a la visita él o el niño, pero que no podían entrar los dos. Ese es el castigo añadido que nosotros exigimos que se deje de aplicar", manifestó.
El socialista Óscar Rodríguez volvió a referirse al decálogo de Patxi López y señaló que en el mismo se aboga por una "reorientación flexible de la política penitenciaria", mientras que Gezuraga mostró su confianza en que Rajoy "dé un cambio radical a la política de castigo" en la cuestión penitenciaria.
Marisa Arrue aseguró que "si los presos de ETA se hubieran acogido a beneficios penitenciarios, apartándose de la banda, 200 de ellos estarían ya en la calle". Asimismo, la candidata popular manifestó que Rajoy siempre "tendrá en cuenta lo que dicte la ley sobre este asunto". Maneiro, por su parte, instó a "no aceptar una amnistía que algunos, con mucha desvergüenza, han empezado a plantear".