Vitoria. "Ez dut ezer esan nahi". Hace diez días el exjefe militar de ETA, Javier García Gaztelu, alias Txapote, incrementaba su extensa nómina de juicios en la Audiencia Nacional con una nueva negativa a declarar ante la juez. Su silencio antecedió en tan sólo unas horas a las palabras de sus compañeros de filas en la organización terrorista. ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada.

Desde entonces se han oído muchas voces. La clase política aplaudiendo con mayor o menor énfasis el comunicado de la banda armada, las víctimas mostrando su desconfianza a pesar de reconocer en la mayoría de los casos el paso positivo de los terroristas y la visión particular de destacados miembros de la sociedad vasca y española. Esta semana los tribunales tienen la palabra. No serán los primeros casos relacionados con ETA que pasan por un juzgado tras el anuncio de la organización terrorista -el primero se celebró el pasado jueves sobre la colocación de un coche bomba frente a un hotel malagueño-, pero sí la mayor batería de causas pendientes que desfilarán por la Audiencia Nacional en esta nueva etapa exenta de la amenaza terrorista y, además, con especial importancia por la identidad de los juzgados.

Txapote, el también exjefe militar de la banda Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y el antiguo responsable del comando Bizkaia Arkaitz Goikoetxea son, dado su peso en la jerarquía terrorista, la punta de lanza de los diez etarras que esta semana se sentarán en el banquillo de los acusados.

Miembros de la judicatura, al igual que responsables del Gobierno español, han reiterado a lo largo de las últimas intensas fechas la independencia de la Justicia frente a pasos como el relevante anuncio de la banda armada y su trascendencia en la actualidad vasca y española. No obstante, según se desvela de las propias intervenciones públicas de algunos representantes de la clase judicial, las diferencias que pueblan las bancadas parlamentarias tampoco son ajenas al día a día de los tribunales.

La cerrazón a cualquier movimiento ajeno a la férrea política antiterrorista pactada por socialistas y populares, y blindada en la Audiencia Nacional, cuenta con vehementes defensores de la talla del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien no ha dejado dudas sobre su posición ante la nueva etapa. Por otro lado, otras voces autorizadas han mostrado una mayor flexibilidad ante nuevos derroteros. Es el caso del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien unas semanas antes del anuncio de ETA aseguró que la Justicia sabría reconocer y ser "generosa" ante pasos decisivos en el seno de la organización terrorista que avalasen su final.

Descartada la amnistía y abierta la vía para analizar caso por caso cada uno de los expedientes que esconden a reclusos de ETA, lo que parece del todo improbable es que los tres exresponsables de la banda armada que pasarán por la Audiencia Nacional en los próximos días puedan beneficiarse a corto plazo de medidas flexibles, dada la gravedad y volumen de sus delitos.

Txapote será el primero en regresar al banquillo de los acusados. Será el miércoles y deberá rendir cuentas por su presunto implicación en el asesinato de un concejal de UPN cometido hace una década.

Un día más tarde, le tomarán el relevo en la Audiencia el jefe del comando Bizkaia, Arkaitz Goikoetxea, y los miembros de ETA Aitor Cotano e Iñigo Gutiérrez, acusados de introducir en enero de 2008 una furgoneta cargada de explosivos desde Francia a España para ser utilizados en atentados. En el juicio, que se celebrará ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal, el fiscal imputará un delito de depósito de explosivos a Goikoetxea, Cotano y Gutiérrez, que ya han sido condenados por la Audiencia Nacional a 22, 16 y 14 años de prisión, respectivamente.

Txeroki será juzgado el viernes junto a otros dos activistas por enviar un paquete bomba a la delegada de la cadena de televisión Antena 3 en Bizkaia, María Luisa Guerrero, en 2002.