vitoria. A día de hoy, los historiadores no cuentan con una visión de conjunto, neutral y exhaustiva sobre las violaciones de derechos humanos ejercida por los cuerpos policiales entre la Transición y la década de los años ochenta. Así se lo explicó ayer José Antonio Pérez, representante del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, vinculado a la UPV, a los grupos parlamentarios que forman la ponencia sobre la violencia de motivación política. "Mi opinión como historiador es que aún hay un amplio trabajo por hacer, hay que seguir investigando sobre todos los casos que hubo en aquellos años, que corresponden a una tipología muy diversa, desde personas que resultaron muertas por actuaciones de la policía al disolver asambleas de trabajadores, y estoy pensando en los sucesos del 3 de marzo, hasta actos que tienen que ver con grupos incontrolados, que no lo eran tanto, y de carácter parapolicial, que durante aquellos años camparon a sus anchas y provocaron numerosas víctimas", señaló Pérez tras comparecer ante el foro parlamentario.
El historiador explicó a PSE, PNV, Aralar, EB y EA, los grupos presentes en la ponencia -PP y UPyD han renunciado a participar- que, además de las actuaciones de grupos "amparados en siglas como el Batallón Vasco Español, la Triple A o el GAL, considerado directamente terrorismo de Estado, también hay casos que resultan más difícilmente homologables como de violencia política", y ese es un campo en el que aún hay mucho por investigar.
Pérez explicó a los grupos que trabajos como el informe de Jon Mirena Landa, exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que cifró en más de un centenar los muertos y quinientos los heridos a causa de la violencia de motivación política, no son suficientes para dibujar con claridad lo que supusieron aquellos "años de plomo". Así, los estudios presentados hasta la fecha "todavía no tienen la profundidad necesaria, es preciso recabar mucha más información, más sistematizada, que no sea parcial, porque están apareciendo algunos trabajos bastante sesgados", señaló el historiador, quien echaba de menos el poder manejar "diversas fuentes de información para llegar, sino a unas conclusiones, sí a unas aproximaciones mucho más matizadas".
Hoy día es imposible recabar según qué versiones de lo ocurrido. "Hay que tener en cuenta que se trata de un periodo muy cercano, y a veces hay problemas para la consulta de la documentación", señaló Pérez, quien explicó que la Ley de Patrimonio Histórico impide acudir a información del Estado sobre violencia policial -y sobre otras muchas materias- durante cincuenta años.
