mURCIA. Siete personas, entre ellas el alcalde de Aledo, Simón Alcaraz (PP), y la secretaria de ese ayuntamiento, Rosario Hita, fueron ayer detenidos en la Región de Murcia por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística iniciada en 2007 en otro municipio, Librilla. Además de los siete detenidos en Murcia, otra persona fue arrestada en Alicante.

Según fuentes de la Guardia Civil, cuya Unidad Central Operativa (UCO) está llevando el caso, ejecutando las detenciones y practicando los registros, no se descarta que hoy pueda haber novedades ya que las pesquisas siguen abiertas.

Estas actuaciones, declaradas secretas y que están siendo seguidas por el fiscal anticorrupción de la Comunidad de Murcia, Pablo Lozano, forman parte de una pieza separada del procedimiento abierto por la denominada Operación Biblioteca, en la que se investigan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad. Esta operación, fechada en 2008 y centrada en el municipio de Librilla, partía de la sospecha de que dos funcionarios públicos, aprovechándose de sus puestos, maniobraron, con el respaldo del entonces alcalde de aquella localidad, José Martínez García (también del PP), para desviar a empresas de su propiedad o de las que eran socios diversos contratos públicos, como algunos correspondientes a asesoramiento técnico o a la elaboración de informes urbanísticos.

registros El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia informaba ayer de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, Andrés Carrillo, fue quien acordó y ordenó la entrada y registro en cinco dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, en dos de la Consejería de Sanidad, en el Ayuntamiento de Aledo y en otros domicilios particulares y de empresas.

Los registros de ayer comenzaron a las ocho de la mañana en ambas consejerías del Gobierno murciano, donde los agentes se interesaron por expedientes de 2003 a 2007 relativos a esa operación. El alcalde de Aledo, del PP, que gobierna desde hace 20 años esta pequeña localidad de poco más de mil habitantes, y la secretaria del ayuntamiento, permanecieron desde su arresto en las oficinas consistoriales mientras se practican los registros.

Las fuerzas de la oposición ya han exigido al PP que asuma las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de esta operación.