vitoria. El ex número dos del PNV alavés y principal imputado por el presunto caso de corrupción en torno a la empresa Kataia, Alfredo de Miguel, negó ayer haber participado en la fallida recalificación de terrenos de Zambrana que investiga la Justicia, contradiciendo así lo manifestado en las Juntas Generales tanto por la anterior alcaldesa de la localidad, la jeltzale Justi Angulo, como por el actual primer edil, el independiente Aitor Abecia.
La primera declaró haber pedido a De Miguel que intermediara con Sidepur, propiedad de otro imputado en la supuesta trama, Josu Arruti; y el segundo dijo haber recibido presiones de De Miguel para acelerar la tramitación de la recalificación. Sidepur, por otro lado, ingresó a Kataia 130.000 euros que, según la Ertzaintza, constituían una comisión ilegal por la operación de Zambrana. Los responsables de la empresa dicen que los documentos que justifican ese pago por otros conceptos se perdieron en una inundación, y Aitor Telleria, otro imputado, dice que los destruyó tras ser detenido.
Al margen de negar haber participado en la recalificación de Zambrana, según informa Efe, De Miguel no se salió de la estrategia de defensa del núcleo de la supuesta trama, pese a ser interrogado durante casi diez horas por el juez Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre. El imputado, que a las puertas del Juzgado denunció haber sido sometido a "un juicio mediático" y denunció "las filtraciones interesadas" sobre la investigación, negó haber cobrado nunca comisiones ilegales.
La Ertzaintza le acusa de aplicar habitualmente una tarifa del 4% sobre las adjudicaciones, basándose en la documentación hallada en los registros. De Miguel, a igual que otro imputado, Koldo Otxandiano, dijo que Kataia ofrecía cobrar ese porcentaje del monto de las adjudicaciones de sus clientes por asesorarles en materia de riesgos laborales.
El exburukide dijo que pidió un préstamo para comprar terrenos en la localidad vizcaína de Fruiz a una empresa filial de la adjudicataria de Zambrana, en lugar de a una entidad bancaria, por agilidad, como aseveró Otxandiano. Y en cuanto al supuesto chantaje al que sometió a su exabogada, Ainhoa Alberdi, para cobrar una presunta comisión ilegal por una adjudicación en el Parque Tecnológico de Miñano, De Miguel, quien dijo que en seis años Kataia no facturó más de 260.000 euros, admitió que reclamó el pago de una deuda, pero rechazó que fuera una comisión ilegal y que hubiera amenazas. Aseguró además que Kataia sólo realizó tres trabajos para el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, cuyo exdirector también está imputado, y que la correspondiente documentación, que no ha aparecido, fue remitida al Ejecutivo autónomo en soporte digital.
Por otro lado, según dijo en ETB el presidente de Araba Buru Batzar, Iñaki Gerenabarrena, se ha demostrado que "ni el partido estaba metido -en la presunta trama corrupta- ni un servidor tampoco porque no hemos sido investigados y porque no hay ni un papel que lo demuestre".
