GASTEIZ. Los actos de violencia callejera se redujeron el año pasado en Euskadi casi a la mitad, al pasar de los 75 sabotajes registrados en 2009, a 37, según ha informado el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro.
El máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi ha presentado ante la Comisión de Justicia del Parlamento autonómico la Memoria de la Fiscalía vasca correspondiente a 2010, de la que ya ofreció un avance el pasado mes de junio.
El informe registra un descenso del 4,85 por ciento en el número de procedimientos penales incoados -que ascendieron a 133.183--, con caídas de la criminalidad en Bizkaia, Gipuzkoa y Alava.
Durante su intervención ante la Cámara, Calparsoro ha subrayado que el pasado año no se registraron "atentados ni asesinatos" por parte de ETA en Euskadi, aunque sí se produjeron "amenazas y chantajes", y persistió el "temor" al terrorismo. Los actos de violencia callejera, según ha indicado, ascendieron a 37, casi la mitad que los registrados un año antes, cuando fueron 75.
TORTURAS
Por otra parte, y en respuesta a una pregunta de EA, ha indicado que en 2010 hubo un juicio "importante" por torturas a miembros de ETA. Calparsoro se ha referido al proceso por el que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a cuatro guardias civiles por maltratar a los miembros de la banda Igor Portu y Mattin Sarasola, un fallo que se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo.
El fiscal superior del País Vasco ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó el pasado mes de marzo a España a indemnizar a Aritz Beristain por no haber investigado adecuadamente los malos tratos denunciados por el demandante tras su detención por actos de violencia callejera.
Por ese motivo, ha manifestado que juicios como el celebrado en la Audiencia guipuzcoana son "importantes", dado que hay que ser "rigurosos" e "investigar hasta el final" las denuncias por posibles torturas policiales.
De esa forma, según ha subrayado, se contribuye a "prevenir" el "riesgo" de que determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan tener la "tentación" de cometer estas prácticas al pensar que pueden resultar "impunes".