bilbao. La repentina irrupción la semana pasada de la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA ha situado el proceso para el final de la banda armada en una nueva y decisiva etapa. Su llegada ha hecho viejo la importante adhesión del colectivo de presos a la Declaración de Gernika, el viraje del lehendakari López incluyendo por primera vez en su agenda el acercamiento a Euskadi de los reclusos, o el último comunicado de la banda.
Las partes precisan de un aval internacional que respalde la hoja de ruta abierta y legitime las posiciones propias. El denominado Grupo de Amsterdam coordinado por Ram Manikkalingam ha precipitado los movimientos en las embajadas y los consulados de Euskadi en los últimos días, lo que sitúa el proceso para el final de ETA a las puertas de un aval internacional al más alto nivel.
El ruido diplomático es casi tan sonoro como los continuos rumores sobre el comunicado final de ETA antes de las elecciones generales del 20 de noviembre, sino antes. Las versiones son muchas y contrapuestas dependiendo de dónde se mire y quién lo defienda. No en vano hay razones subjetivas para lo uno y lo contrario: para unos, el Estado español no responde con pasos a los que ha dado ETA y su universo y, por tanto, no ha lugar a dar el paso definitivo; y para otros, el tiempo corre a velocidad de vértigo hacia el 20-N y el margen de tiempo que le queda a ETA es muy estrecho antes de que el PP liderado por Mariano Rajoy se haga con la presidencia del Gobierno español y haga un maniroto con el proceso andado por unos y otros en el último año y medio.
Entre los unos y los otros se abre con fuerza una tercera vía, que es una síntesis de ambas y que explica la situación en base al cálculo electoral de la izquierda abertzale y de ETA. La banda armada necesitaría una señal pública o privada del compromiso del Gobierno español para poder escenificar su final a través de un comunicado antes del 20-N. Gestos como los realizados la pasada semana en el pleno de política general en el Parlamento Vasco haciendo suyo, por primera vez, el acercamiento de los presos, aunque con una fórmula ya recogida en el actual código penal.
Por descontado, una flexibilización de la política penitenciaria que afecte a la doctrina Parot, a los presos enfermos, o a los que han cumplido tres cuartas partes de la condena, por no hablar de la legalización de Sortu, allanaría mucho el camino. También el hecho de que el Gobierno español no haya reprobado la incursión en escena del Grupo de Amsterdam, si bien tampoco la ha avalado. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al grupo, esta comisión de observadores internacionales está financiada por importantes donantes internacionales y ha sido auspiciada por sectores que trascienden el ámbito nacional y estatal, aunque también en Euskadi y en el Estado ha contado con el apoyo y el impulso de un amplio espectro de agentes políticos, sociales e institucionales.
El comunicado serviría a ETA, y a la izquierda abertzale, para hacer virtud de la necesidad, ya que supondría un fuerte espaldarazo a las expectativas electorales de Amaiur, la coalición integrada por los independientes de la antigua Batasuna, EA, Alternatiba y ahora también Aralar. La nueva marca electoral de la refundada izquierda abertzale se cobraría el precio político que ha establecido para un final de ETA. Derrotada social, política y policialmente, ilegalizado su brazo político, el precio ya no es ni la independencia ni el socialismo, ni siquiera la amnistía de sus presos. El trofeo a conquistar ahora es superar en votos al PNV y acabar con su hegemonía. Y las dos próximas elecciones (las generalesyel20-N y las autonómicas de primavera del 2013) son las piedras de toque para ello.
Si se confirmaran los rumores y llegara a producirse antes de los comicios del próximo mes, el comunicado de ETA servirá como reclamo para el primero de los mojones electorales y le pondría en una inmejorable posición de salida para afrontar la siguiente cita con las urnas, como ya se ha podido comprobar en las elecciones municipales y forales del pasado 22 de mayo con la fuerte entrada de Bildu en dichas instituciones.
Para esa cita electoral la izquierda abertzale contaría con una baza también relacionada con ETA y que se la guarda para esta cita: la entrega de las armas. Porque una cosa es el anuncio de su disolución con un compromiso por escrito, y otro es el decomiso de las armas. Sus réditos políticos y electorales son incuestionables porque, ante propios y sobre todo extraños, este paso supone el cierre definitivo de la acción armada de ETA, especialmente a los ojos de la opinión pública del Estado español que durante décadas ha sido aculturizada sobre el problema vasco por los medios de comunicación.
