BILBAO. El Gobierno Vasco baraja cambiar la composición de la Comisión Arbitral para, de este modo, asegurarse que los recursos contra los proyectos de Ley Municipal y de la Ley de Cajas anunciados por la Diputación de Bizkaia, y en el primer caso posiblemente también de la Diputación alavesa, no prosperen. Según ha podido saber este periódico, la modificación estaría personificada en la figura de Emilio Guevara, ex diputado general de Álava por el PNV y actualmente simpatizante del PSE. Su puesto en la comisión lo ocuparía Asunta de la Herrán, letrada guipuzcoana afín al Partido Socialista.

Pese a su adscripción al socialismo vasco y su pasado turbulento en el PNV que le llevó a apartarse de este partido, Guevara siempre ha hecho una defensa cerrada de la foralidad vasca y de la actual arquitectura institucional de la CAV, incluyendo la distribución de las competencias entre las diferentes instituciones. Los recursos anunciados por la Diputación vizcaína contra los proyectos de Ley Municipal y Ley de Cajas denuncian precisamente una invasión de las competencias forales por parte del Ejecutivo presidido por Patxi López.

Guevara ha firmado de su puño y letra artículos en medios de comunicación en los que defiende el actual modelo institucional vasco a propósito de la Ley Municipal.

En un texto publicado el 21 de marzo de 2010 en el diario El País bajo el título La ley municipal vasca: necesidad y oportunidad, el ex diputado general de Álava afirmaba que "ha sido un recurso muy socorrido achacar estos excesos al modelo institucional configurado por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos, cuando esos excesos son sólo imputables a las personas que los cometen, y no hay reforma o sustitución alguna de esas normas que garantice su desaparición, si no cambia la mentalidad, la cultura y la escala de valores de quienes hacen política".

La Diputación vizcaína todavía no ha presentado los recursos ante la comisión arbitral, el órgano que dirime extrajudicialmente conflictos de competencias entre las instituciones comunes y los órganos forales de los territorios históricos. La comisión está integrada por siete miembros: el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, y por seis vocales, a razón de tres por parte del Gobierno vasco, y uno por cada Diputación foral.

Los designados por el Ejecutivo López son los catedráticos de Derecho por la UPV/EHU Alberto López Basaguren y Eduardo Virgala, así como el propio Emilio Guevara, mientras que los elegidos por los entes forales son Andrés Urrutia (presidente de Euskaltzaindia y experto en derecho foral), José Manuel Castells (catedrático de Derecho por la Universidad del País Vasco) y Juan Ramón Guevara (abogado y exconsejero de Presidencia con el lehendakari Ardanza).

Invasión competencial Con esta composición, y dando por descontado que Guevara se mantendrían fiel a sus principios foralistas, la Comisión Arbitral resolvería previsiblemente a favor de quienes entienden que en ambos casos existen una invasión competencial por parte del Gobierno Vasco. Los, en teoría, votos contrarios de Ibarra, López Basaguren y Virgala no alcanzarían la mayoría formada por los otros cuatro miembros de la comisión.

En el caso de la Ley Municipal, la Diputación vizcaína alega que la iniciativa "vulnera o altera" la Ley de Territorios Históricos (LTH), así como el Estatuto de Gernika y la Ley del Concierto económico. Asimismo, aboga por que se respeten las competencias que venían ejerciendo las diputaciones y que sean éstas las que sigan determinando la financiación de los ayuntamientos de cada territorio. Asimismo, cuestiona la modificación legislativa que permitirá a los ayuntamientos contar con voz y voto a los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas, que es el organismo que diseña los criterios de reparto financiero. En el artículo periodístico citado, Guevara escribía sobre esta cuestión y consideraba "de más que dudosa constitucionalidad, y de difícil funcionalidad, el que se modifique la estructura y la función del Consejo Vasco de Finanzas, órgano necesariamente paritario, si se quiere respetar la garantía constitucional y estatutaria de la que gozan las diputaciones".