Vitoria. La Mesa del Parlamento Vasco tramitará hoy el Proyecto de Ley Municipal, una semana después de que el Gobierno remitiera por error al Legislativo un borrador anterior en el que las diputaciones mantenían su capacidad de decisión sobre la financiación de los ayuntamientos, restringida en el texto definitivo. Desde Lehendakaritza se solicitó al Parlamento que detuviera la tramitación del proyecto en cuanto tuvo conocimiento de que se había enviado un borrador previo, y el miércoles pasado remitió el proyecto auténtico, el aprobado en el Consejo de Gobierno del 30 de agosto, el primero del curso político.
El borrador que se traspapeló y acabó en el Registro del Parlamento Vasco mostraba diferencias de calado con respecto al que quiere aprobar el PSE, y que ha despertado reparos en la Comisión Jurídica Asesora, la Cojua, el órgano a cuyo examen debe el Ejecutivo someter la inmensa mayoría de sus proyectos de Ley --están eximidos los presupuestos y la Ley de Aportaciones-, pero sólo con carácter consultivo.
El texto que quiere aprobar el Gobierno de Patxi López tiene como principal novedad con respecto a la situación actual que la mitad de la financiación de los ayuntamientos se ha de decidir en el Consejo Vasco de Finanzas, atendiendo a criterios como su volumen de población o su capacidad de recaudación. La otra mitad de los fondos los distribuirían las diputaciones forales según su propio criterio.
"Mera recomendación" En el borrador que por error llegó al Parlamento, por contra, se explicita que es a las diputaciones forales a las que corresponde determinar los fondos que reciben los ayuntamientos de cada territorio histórico, y que el Consejo Vasco de Finanzas expondrá una serie de criterios de reparto, "con carácter de mera recomendación", en función de la población, capacidad de recaudación fiscal, tasas de desempleo e inmigración o dispersión de los habitantes de cada municipio.
Por otro lado, el texto válido añade con respecto al enviado por error la garantía de que los ayuntamientos perciban, como mínimo, los fondos que les corresponderían bajo el régimen común.
La comparación de ambos textos -el desechado y el que realmente quiere aprobar el Gobierno- pone de manifiesto la pugna que existe a día de hoy entre las instituciones vascas por el control de los fondos que recaudan las haciendas forales, y que los socialistas prefieren centralizar en torno al Parlamento Vasco y al Ejecutivo de Lakua, haciendo participar también a los propios ayuntamientos, otorgándoles voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas.
El PNV y el PP, de tradición más foralista, han defendido siempre los derechos históricos que atribuyen a las diputaciones, e incluso en la pasada legislatura Álava y Bizkaia, gobernadas entonces ambas por los jeltzales, recurrieron a la Comisión Arbitral -el órgano que dirime diferencias entre instituciones en Euskadi- el proyecto de Ley Municipal del Gobierno de Juan José Ibarretxe.
Este órgano sentenció que el texto vulneraba las competencias de las diputaciones y la ley quedó aparcada hasta que el nuevo Ejecutivo hizo bandera de su aprobación. Sin embargo, los retrasos en su redacción y tramitación en estos dos años han sido constantes. Ahora el Gobierno, tras el error que llevó a demorar una semana más la elaboración de la norma, se enfrenta al escrutinio de los grupos parlamentarios, pero principalmente se enfrenta, una vez más, a las diputaciones.
