El Tribunal Supremo, que preside Carlos Dívar, ha declarado improcedente el conflicto de jurisdicción promovido por el gobierno andaluz. La sala considera que la juez Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude de los ERE, puede consultar las actas de los consejos de gobierno celebrados en los últimos diez años. El gobierno andaluz recurrió la decisión al entender que se trata de documentos reservados.
