vitoria. Troy Davis, en el corredor de la muerte desde hace veinte años, será ejecutado hoy a través de la inyección letal en la cárcel estadounidense de Jackson, en Georgia, después de que el comité de indultos del estado rechazara la clemencia para el condenado. De nada ha servido, en este caso, la movilización internacional para salvar la vida de este hombre de 41 años, condenado por el homicidio de un policía en 1989, un caso sobre el que pesan multitud de dudas debido a que nunca ha existido una prueba material que vincule directamente a Davis con el asesinato ni se ha encontrado en estos años el arma del crimen. La Unión Europea, a través de la comisaria Catherine Asthon, pidió el lunes a las autoridades de Georgia que conmutaran la pena a Davis, al tiempo que expresó su preocupación por las "dudas serias y consistentes que han rodeado con persistencia las pruebas en torno a este caso".

Asimismo, casi un millón de personas de todo el mundo han firmado peticiones de clemencia para Davis -entre ellas 51 miembros del Congreso federal-; en Georgia y otros estados se han realizado multitud de manifestaciones y vigilias a su favor; organizaciones de derechos humanos y políticos como Jimmy Carter, además de Benedicto XVI, han solicitado a las autoridades que perdonen al reo o conmuten su sentencia. Todo ha resultado en vano. "Estamos impactados. No podemos creer que el comité haya negado la clemencia ante una nube tan grande de dudas. Tememos que el estado de Georgia pueda ejecutar a un hombre inocente", manifestó a Afp Laura Moye, directora de la campaña para la abolición de la pena de muerte de Amnistía Internacional en EEUU.

Tras veinte años de recursos ante la Justicia, la de ayer era la última apelación posible para Davis. La decisión por mayoría simple de los cinco miembros del comité de indultos de Georgia se impuso así contra una campaña internacional sin precedentes. Por lo tanto, y debido a que Georgia es uno de los tres estados en los que el gobernador no tiene autoridad para paralizar la ejecución, su muerte es prácticamente un hecho.

Sin pruebas El caso de Troy Davis es polémico porque no se ha encontrado el arma del crimen, no se registró ninguna huella ni rastro de ADN en la escena del asesinato y siete de los nueve testigos que declararon en su contra se han retractado a lo largo de estos veinte años. Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato del agente Mark MacPhail, quien apareció muerto con tres disparos en el aparcamiento de un Burger King de la localidad de Savannah en 1989. La Policía detuvo entonces a Davis, que se encontraba en el lugar de los hechos junto a otras personas.

La acusación de este hombre se basó desde un principio en declaraciones de los testigos presenciales. Sin embargo, siete de los nueve testigos no policiales se han retractado de sus declaraciones alegando coerción e intimidación por parte de la Policía. Es más, uno de los testigos, Sylvester Cole, admitió en una fiesta hace dos años, tras haber consumido alcohol, que había sido él quien había disparado al agente MacPhail, según una declaración jurada de otra testigo. Este testimonio se usó el lunes en el comité de indultos de Georgia.

Durante esta sesión, los abogados de Davis desmotaron una vez más las pruebas y los testimonios. Sorprendentemente, nada de esto sirvió para frenar la ejecución de este hombre. Igual de sorprendente que, pese a lo controvertido del caso, el Tribunal Supremo federal haya rechazado aceptar el caso a trámite.

El portavoz del comité de indultos, Steve Hayes, explicó ayer que se rechazaron las peticiones de clemencia después de escuchar los testimonios de quienes quieren evitar la ejecución, así como de la fiscalía y los familiares del policía asesinado. "Nosotros somos las verdaderas víctimas", señaló el lunes la viuda del policía MacPhail, que asistirá junto a sus dos hijos a la ejecución de Davis, convencidos de su culpabilidad. Esta será la cuarta ejecución programada para este hombre y, con toda probabilidad, la última.