Barcelona. La sociedad catalana está en pie de guerra, y sus políticos también. El nuevo ataque de las instituciones judiciales del Estado pone en jaque el modelo lingüístico que desde hace años se aplica en Catalunya. A pesar de que el ultimátum del Tribunal Superior queda anulado hasta resolver el recurso interpuesto por la Generalitat, ni instituciones ni partidos quieren bajar la guardia. La polémica lingüística, que cruza los muros de escuelas e institutos, puede poner en peligro también los pactos de gobierno actuales y los previstos tras el 20-N.

Hace ocho meses cayó como un jarro de agua fría la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que exigía a la Generalitat de Catalunya que aplicara las medidas necesarias para que el castellano fuera lengua vehicular en todas las escuelas catalanas. El alto tribunal avalaba así la demanda interpuesta por tres familias que habían denunciado que sus hijos no podían estudiar íntegramente en castellano en Catalunya. Ya en ese momento las entidades vinculadas a la educación y la sociedad en bloque se negaron en rotundo a acatar dicha sentencia porque ponía en peligro el modelo lingüístico que ha mantenido vivo el catalán en todos los pueblos y ciudades del principado.

La polémica se encendió de nuevo con ultimátum que hace quince días publicó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que daba un plazo de dos meses al Gobierno catalán para que aplicara la sentencia. Se inició así un revuelo de declaraciones cruzadas, incluso de contradicciones dentro del propio TSJC, cuando el presidente de la institución, Miguel Ángel Gimeno, aseguró que la sentencia solo afectaba a las familias denunciantes y que la confusión se debía a un error de transcripción. Estas declaraciones fueron respondidas horas más tarde por sus colegas del TSJC vía comunicado, admitiendo que la interlocución sobre la lengua vehicular afectaba a todo el sistema educativo.

Todos los partidos catalanes, excepto PP y Ciutadans, principales promotores de las denuncias contra la inmersión lingüística, coincidieron en rechazar la sentencia y se inició una carrera para poner freno a su aplicación.

El Gobierno de CiU presentó el martes un recurso en el que se expone al alto tribunal que no se hará ninguna modificación porque el castellano no está excluido de la enseñanza. A raíz de este documento la sentencia ejecutoria queda anulada a la espera que se resuelva el recurso que Irene Rigau, consejera de educación, está convencida de ganar. En el Parlament también se promovió una declaración conjunta que firmaron CiU, PSC, ERC e ICV-EUI y en la que no participó Solidaritat Catalana al considerar que el texto era insuficiente porque no incluía la palabra "única", en referencia a la lengua catalana. El mismo trámite se realizó en el Congreso de los Diputados. ERC presentó una moción de apoyo a la inmersión lingüística que fue secundada por todos los partidos de la Cámara, excepto PP, UPyD y UPN.

El origen y la posible solución a todo el problema radican en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al Estatut. Amparándose en él, el TS dictó las sentencias a favor de las tres familias denunciantes, en las que afirmaba que el proceso de normalización que otorga al catalán un trato diferencial no debe traducirse en el hecho de que el castellano sea una asignatura más. La consejera Rigau se ampara también en el pronunciamiento del TC ya que interpreta que sí se reconoce que el catalán sea el centro de gravedad del modelo educativo mientras no se excluya el castellano, garantizando su uso y conocimiento.

El president Artur Mas no ha tardado en avisar a Mariano Rajoy, el probable ganador de las próximas elecciones nacionales, de que no cederá ni un ápice en ese terreno. Los populares no tardaron tampoco en contestar las advertencias de Mas y suavizar el terreno asegurando que no harían nada que les pudiera distanciar de CiU. Las alianzas postelectorales están en juego y el Partido Popular no quiere poner en jaque posibles acuerdos de gobierno o eventuales con los nacionalistas catalanes.

Sin embargo, el Partido Popular catalán no rebaja sus exigencias y su presidenta, Alicia Sánchez Camacho no cesa en pedir que el modelo educativo en Catalunya sea bilingüe. A nivel municipal los ayuntamientos de CiU, que gobiernan con pactos con el PP, no ven peligrar su entendimiento ya que muchos consideran que el discurso popular a nivel estatal o nacional se diluye en la política local.

Los profesores catalanes y los responsables de los centro de educación fueron los primeros en dar el paso y afirmar que no acatarían semejante sentencia porque ponía en peligro un modelo de cohesión e integración social muy valioso.