Madrid. La Abogacía General del Estado sostiene que mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale no puede pretender "colarse" en el plano de la normalidad política sin desvincularse de la banda terrorista o pedir su disolución. Este es uno de los argumentos de las alegaciones que ayer presentó ante el Constitucional el abogado general del Estado, en nombre del Gobierno español, que pide que se rechace el recurso de amparo de Sortu contra la decisión del Supremo de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos. "No aparece por ningún lado la desvinculación, separación o incluso contraposición entre ETA y la izquierda abertzale-Batasuna. Más bien lo que aparece es una interpretación a dos coros del mismo motivo melódico sin demasiada desarmonía al principio y plena armonía al final", señala el escrito de la Abogacía.
Añade, además, que "el cotejo" entre las posiciones que han expresado la banda y quienes ofician de portavoces de la izquierda abertzale ilegalizada "no puede describirse como contraposición o separación, sino como interpretación a cuatro manos de la misma pieza".
"un actor político normal" "Mientras ETA exista, esté armada y la izquierda abertzale no rompa con la banda de una manera incontrovertiblemente real, no podrá ser un actor político normal, equiparable a otros partidos", indica la sentencia, que también hace referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional, que el pasado viernes condenó a 10 años de cárcel al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al ex secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga como autores de un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes.
Las alegaciones de Abogacía General del Estado llegaron ayer a primera hora al Constitucional, un día antes de que concluya el plazo que el alto tribunal dio a las partes. Hoy presentará las suyas la Fiscalía General del Estado, que repetirá algunos de los argumentos de la Abogacía del Estado. Por el momento, el Gobierno español se pronunció ayer a través de su ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que rechazó que estas decisiones estén vulnerando derechos y las enmarcó simplemente en la "pura coherencia" mantenida por el Ejecutivo ante la legalidad de la izquierda abertzale.
