madrid. El PSOE y el PP coincidieron ayer en tres cosas: en el argumentario para defender su pacto antidéficit plasmado en la Constitución; en hacer oídos sordos a las fuertes críticas recibidas y en votar lo mismo, es decir, la tramitación urgente de la polémica reforma. La necesidad de instaurar "disciplina presupuestaria" en las cuentas del Estado fue su argumento central; la obligación de hacerlo cuantos antes, su mensaje, y que lo harán sin apelar al consenso, la evidencia palpable al final de la primera de las sesiones de este proceso exprés de reforma constitucional a la carta.
El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, y la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, evitaron valorar las voces que piden un referéndum, coincidieron en defender las bondades de este acuerdo, y destacaron que con él lo que se preserva son la bases del Estado del Bienestar.
En su intervención, Alonso recordado ante la Cámara las "altísimas tensiones" en los mercados financieros vividas este verano, con un impacto directo sobre el coste financiero de la deuda soberana, que ha llegado a superar los 400 puntos en agosto. Según ha dicho, "en otoño la situación puede agravarse". "Se trata de una situación insostenible si se prolongara en el tiempo porque pondría en riesgo las políticas sociales del Estado", advirtió, para justificar que es necesario "acabar ya mismo" con este "problema". "No hay mejor manera de despejar incertidumbres que elevando a mandato constitucional el principio de estabilidad presupuestaria", sentenció.
Por su parte Sáenz de Santamaría afirmó que la reforma es "necesaria" porque la experiencia de los últimos tres años y la convulsión de las últimas semanas han puesto de manifiesto que los desequilibrios presupuestarios "son riesgos inasumibles para el bienestar social". También dijo que es una reforma "oportuna" porque traslada que España es un país que "confía en sí mismo y en el que los demás pueden confiar". Es más, dijo que "devuelve un papel de liderazgo en una gobernanza económica seria y exigente", así como una "contribución de primer orden a la estabilidad de la Unión Monetaria y Económica". La portavoz del PP definió este pacto como "un ejercicio de responsabilidad".