madrid. CCOO, UGT y otras organizaciones sociales convocaron ayer tres días de movilizaciones que culminarán con una gran manifestación en Madrid el 6 de septiembre, para protestar contra la reforma de la Constitución pactada por las direcciones del PSOE y del PP para limitar la posibilidad de endeudamiento del Estado en la Carta Magna.
Los sindicatos y las organizaciones que los respaldan, reunidos ayer en la capital de España, firmaron un documento en el que llaman a la ciudadanía a que también participe en las concentraciones y manifestaciones que comenzarán ya mañana y seguirán el jueves en distintas localidades españolas, coincidiendo con el proceso parlamentario para respaldar la reforma. Estas dos jornadas buscarán concienciar a la ciudadanía para respaldar la tercera convocatoria: una marcha multitudinaria prevista en Madrid para el día 6 y que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de la Cibeles para terminar en la Puerta del Sol.
En rueda de prensa, los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, pidieron a los parlamentarios y senadores que no voten a favor de la reforma acordada entre el PSOE y el PP y que en el caso de que salga adelante se convoque un referéndum para su ratificación. Los firmantes se han comprometido a apoyar la participación en cualquier otra movilización que se convoque en estos días contra la reforma y a favor de un referéndum, así como iniciativas de "diferente naturaleza", en particular la recogida electrónica de firmas.
razones Para las organizaciones sociales que respaldan estas protestas, aplicar esta reforma no ayudará a reducir el déficit público, algo que, a su juicio, sólo puede lograrse "promocionando el crecimiento económico y el empleo, aplicando una reforma fiscal equitativa y con rigor permanente del gasto". Aunque no hablaron de huelga general, Górriz afirmó que quienes incumplen y llevan a un país al "fracaso" y a más paro "pillan números" para que se genere un conflicto social.
Todos los firmantes del documento pidieron a los grupos políticos que tengan en cuenta el sentir de la sociedad a la hora de apoyar una medida de esta naturaleza que puede condicionar el presente y el futuro de España. Para estas organizaciones el cambio pactado por las cúpulas socialista y popular impone "una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno de las diferentes administraciones públicas". También advirtieron de que la reforma introduce en la Constitución un factor económico "de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que la economía española no entre en una recesión el futuro". Además creen que constituye una "amenaza permanente para las prestaciones y las instituciones del estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para en el desarrollo".
En opinión de Górriz, la reforma es un "hecho grave" también en cuanto a la forma, ya que se ha decidido en pleno verano "con nocturnidad y alevosía".
