EL ministro del Interior en enero de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondía a ETA tras la declaración de alto el fuego que hizo la organización armada en aquellas fechas: "En el comunicado se habla de una verificación internacional que, como saben ustedes, el Gobierno ha rechazado una y otra vez. En un Estado de Derecho quien verifica son las Fuerzas y los Cuerpos de la Seguridad del Estado".

A tenor de las declaraciones que unos (con un nuevo comunicado en marzo) y otros han realizado en los últimos ocho meses, todo apunta a que la verificación no es tal, o, al menos, no tiene el carácter gubernamental que tuvo en la tregua de 2006.

Tras el alto el fuego declarado el 10 de enero de 2011, ETA ha trasladado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en varias ocasiones la necesidad de verificación del cese de la actividad. El Ejecutivo español no se ha movido de la misma posición y del mismo mensaje: no hay nada de qué conversar hasta que no haya un anuncio de cese definitivo de las acciones armadas. En palabras de Pérez Rubalcaba, nada que hablar hasta que "el fin de la violencia" no "tenga precio".

Ante este panorama, el Grupo Internacional de Contacto liderado por el abogado y facilitador sudafricano Brian Currin activó semanas atrás, tal y como adelantó DNA, un sistema de verificación propio. Los resultados de esta comprobación los dará a conocer el próximo mes a agentes de la comunidad internacional con el objetivo de que sean estos, si las conclusiones son las esperadas, quienes trasladen su opinión al Gobierno español actual y, llegado el caso, al que salga de las urnas el 20 de noviembre.

La de la verificación es la clave principal en el momento actual. Si los agentes pertinentes comprobaran, como desean distintas personalidades, fuerzas políticas o el propio GIC, que el anuncio que hizo ETA en enero se corresponde al cese de actividades real, podría abrirse la puerta a cuestiones como la penitenciaria que, por ahora, el Gobierno se niega a tratar. A esta firme negativa pública del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que contrasta con la implicación del Ejecutivo en 2006, se le une el mensaje que una y otra vez se transmite a la izquierda abertzale: que convenza a ETA para un final definitivo de su actividad armada.

El GIC, al igual que buena parte de la clase política vasca, defiende que la resolución de más de tres décadas de violencia no se halla tanto en Madrid o París como en Euskadi. En esta línea, el grupo liderado por Currin entiende que el grupo al que trasladará sus conclusiones de la verificación, que contaría con personalidades con experiencia en ámbitos diversos como el penitenciario o el militar, también debe aunar a distintos sectores de la sociedad vasca, más allá de representantes políticos. De esta manera, el GIC aboga por incluir en este proceso a asesores del ámbito empresarial -uno de los sectores más castigados por ETA-, de los colectivos sociales o incluso de los estamentos eclesiásticos.

La Iglesia católica podría, de esta manera, volver a jugar un papel activo en un proceso de paz en Euskadi, algo que sí contaría con el beneplácito de La Moncloa. Según publicó el sábado El País, el ministro de Presidencia del Ejecutivo español, Ramón Jáuregui, trasladó al secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, la petición de que la Iglesia vasca participe con la divulgación de "un mensaje pastoral conciliador".

La solicitud de Jáuregui tuvo lugar en el almuerzo que celebraron ambos dirigentes el pasado viernes con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 que se ha desarrollado en Madrid desde el jueves pasado. Bertone prefirió no entrar a hacer valoraciones sobre la situación de Euskadi, si bien dijo "tomar nota" y mostró interés en analizar la cuestión.