EL discurso de junio del año pasado en el que el primer ministro británico, David Cameron, reconoció que la masacre del Domingo Sangriento fue "injustificado e injustificable" abrió un pequeño resquicio de esperanza a muchos otros familiares de víctimas en el norte de Irlanda. Y es que, pese a la firma de la paz en 1998, la inmensa mayoría de las víctimas de la actuación del ejercito británico se ven obligadas a seguir luchando por la justicia ante un Gobierno británico que les responde con un no rotundo a la posibilidad de investigar todos los hechos y, sobre todo, ante la posibilidad de pedir responsabilidades.

Las campañas para conocer la verdad se prolongan durante todo el año, pero es en agosto cuando cobran mayor fuerza. Esta semana la petición de justicia se ha tornado, si cabe, más especial dado el 40 aniversario de la instauración del interment por parte de las autoridades británicas. Esta medida de excepción, que supone el derecho a encarcelar a cualquier ciudadano sin juicio ni acusación previa, ya se había aplicado en décadas anteriores, si bien en 1971, dado su carácter sangriento y represivo, provocó una reacción más fuerte que en otras ocasiones, algo que llevó a muchos republicanos a engrosar las filas del Ejército Republicano Irlandés, el IRA, y a dar arranque de manera oficial a un conflicto armado que se prolongaría hasta 1998. Aunque, en la práctica, el interment se siguió aplicando en los años posteriores, oficialmente se prolongó hasta diciembre de 1975 dejando tras de sí decenas de asesinados, y cientos de torturados y más de dos mil encarcelados de manera indiscriminada.

En los primeros cuatro días del interment, 21 personas fueron asesinadas en las calles de Belfast, once de ellas en el barrio Ballymurphy, donde se está llevando a cabo una importante campaña (comparada con la del Domingo Sangriento) para exigir que se reconozca la verdad y la inocencia de las víctimas, entre las cuales se encontraban una madre de ocho niños.

El interment fue instaurado a las cuatro de la madrugada del 9 de agosto de 1971. Sobre esa hora, Briege Voyle y su familia estaban despiertos en su casa del barrio Ballymurphy. "Se escuchaba revuelo. Mi madre salió a ver qué ocurría y nos prohibió salir de casa, nos dijo que a ella no le pasaría nada, que no serían capaces de dispararle". Al rato, Briege salió junto a una de sus hermanas a la calle. No podían ver nada a causa del gas que estaba utilizando el Ejército británico. Precisamente, era el mismo regimiento que protagonizó el Domingo Sangriento seis meses después.

"Primero tuvimos que escapar hasta el parque Springfield, y después de una hora pudimos volver a casa. Mi padre estaba con un ataque de ansiedad porque mi madre no había vuelto". Así recuerda Briege, de 55 años, el día que los soldados británicos asesinaron a su madre, que tenía ocho hijos. "Cuando la encontraron llevaba horas muerta en medio de la calle, no la podían ver a causa del gas. Fue horrible", recordó Briege el domingo pasado tras la manifestación anual que se celebra en el mes de agosto en Ballymurphy para pedir justicia para las víctimas de esta masacre.