MADRID. El informe sobre el estado de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha revela la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar a fecha 30 de junio, algunas de ellas vigentes desde hace un año, según desveló ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Leandro Esteban.

Esteban hizo este anuncio tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se estudió este informe, realizado por la Intervención General de la Junta con datos aportados por los funcionarios de cada Consejería y que será remitido a la Sindicatura de Cuentas para que, en un plazo de tres semanas, lo valide. A la vista de ese dato, el portavoz del Gobierno regional reclamó una reunión urgente de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, con la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, para "desbloquear el auténtico marasmo de pagos" que debe acometer ya el Ejecutivo, que tiene prohibido acceder a más crédito por no tener aprobado un plan de equilibrio financiero.

Leandro Esteban no precisó el dato de déficit público que arroja el informe hasta que Cospedal se lo traslade a Salgado, pero dio por hecho, como ya anunció la presidenta regional, que se irá por encima del 4%. El único dato que precisó de ese informe es el de que hay al menos 1.472 millones de euros en facturas sin pagar, lo que a su juicio demuestra que el anterior Gobierno mintió cuando, en el proceso de traspaso de poderes, dijo que eran 700 millones lo que se debía a proveedores y que se pagaba en un mes, cuando hay facturas con un año de vida. Esteban dudó de que este tipo de información complique la situación de Castilla-La Mancha ante los mercados de deuda y planteó que tal vez "lo que no aguantan los mercados son las mentiras" y que, como los ciudadanos en las elecciones del 22 de mayo, confíen en un Ejecutivo que diga la verdad.

Tensión económica El expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, consideró que la "tensión política y económica" que ha habido en los últimos meses "ha aumentado la presión de las facturas", que "se han acumulado de forma excepcional" hasta sumar unos impagos de 1.742 millones de euros al 30 de junio. En declaraciones a la Cadena Ser, Barreda justificó la "situación cambiante" de la deuda contraída por la Junta de Castila-La Mancha con los proveedores, que era de 700 millones a 30 de abril y que dos meses después es de mil millones más.