madrid. PSOE y PP, partidos a los que se sumó CiU, pactaron ayer una resolución que insta al Gobierno a elevar la parte del sueldo que no se puede embargar a las víctimas de ejecuciones hipotecarias. Asimismo, el texto reclama aumentar el valor que se da a los inmuebles que se queda el banco si queda desierta una subasta (las entidades bancarias lo rebajan hasta el 50%) e incentivar a las entidades para que ofrezcan la dación en pago. En este último caso, el de la dación en pago (la deuda con el banco se salda con la entrega de las llaves del piso), los tres grupos se negaron a aceptarla como fórmula regulada por ley como habían propuesto IU-ICV-ERC y BNG.

En relación a las subastas, hasta ahora el precio por el que sale un inmueble suele ser el del préstamo inicial más un porcentaje, lo que previene a muchos potenciales pujadores que se abstienen de optar a la compra sabiendo que si la subasta queda desierta, el banco se queda la vivienda al 50 % del precio de tasación para luego vender más barato y seguir cobrando la hipoteca. Lo que los grupos piden ahora al Gobierno es que eleve este porcentaje "exiguo y vergonzante", en palabras del diputado de CiU Pere Macias. Con el objetivo de aumentar el número potencial de licitadores, y por tanto las posibilidades de que la subasta no quede desierta, el texto pide también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas.

En cuanto al sueldo intocable de los embargados, la resolución, que se aprobó casi por unanimidad -sólo hubo cuatro abstenciones- es un apoyo al anuncio que hizo en el primer día de debate el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de elevar la cantidad no embargable en estos procesos a 961 euros, es decir, sumando un 50 % al salario mínimo interprofesional (SMI). Este importe se incrementará un 30 % adicional del SMI por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos propios regulares.