SAN SEBASTIÁN. La edil del PP, Asunción Guerra, ha explicado a Efe que ha acudido a las 11:00 al Ayuntamiento con la intención de registrar la moción que su partido está presentando en todos los consistorios para exigir la condena de todos los asesinatos de ETA.
En la puerta del Ayuntamiento, de la que la semana pasada se retiraron el arco detector de metales y el escáner, se ha encontrado a un agente de la Policía Municipal que ha identificado al escolta y le ha impedido pasar.
Asunción Guerra ha registrado la moción y ha salido del edificio, momento en el que se ha encontrado con un edil del PSE/EE con el que se ha dirigido al despacho del Jefe de la Policía Municipal de Andoain para pedirle explicaciones.
El responsable de la Policía local les ha explicado que el agente ha cumplido el mandato de la alcaldesa, que ha sido avalado por un informe jurídico redactado por el secretario del Ayuntamiento.
Los dos ediles han regresado a la Casa Consistorial, en cuyo acceso había dos agentes de la Policía Municipal, quienes de nuevo han impedido el paso a los escoltas de ambos cargos municipales.
Uno de los escoltas ha explicado que su labor era garantizar la seguridad de los ediles, por lo que ha pedido al policía que los acompañase dentro del edificio consistorial, a lo que el agente ha accedido.
Los dos concejales se han reunido con el secretario para conocer de primera mano el informe jurídico emitido sobre la orden dictada la semana pasada por la alcaldesa, que impide el paso de los escoltas privados en todos los edificios municipales de Andoain.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, establece que dentro de los edificios municipales compete a la alcaldesa "dictar las resoluciones oportunas para garantizar la seguridad de los lugares públicos".
El secretario advierte en su informe de que recae sobre la alcaldesa la "responsabilidad exclusiva" de "cualquier problema que se produzca a las personas en general y en concreto a los concejales que se deriven de la falta de seguridad en la Casa Consistorial o en otros edificios públicos a los que se prohíba la entrada a los escoltas armados".
El informe alude al artículo 146 del Real Decreto 137/1993, sobre el reglamento de armas, que asegura que "deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrente a establecimientos públicos y lugares de reunión".
Este reglamento también determina que "queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo" en dichos edificios.
Este documento avala al legalidad de la decisión de la alcaldesa y recuerda que es responsabilidad de la primera edil "valorar las circunstncias que concurren en el caso relativas a la necesidad de seguridad privada de determinados concejales en el interior de los edificios municiples".
También recuerda que recae sobre la primera edil la responsabilidad de "garantizar la total seguridad" de los ediles dentro del Ayuntamiento.
La concejal popular ha anunciado que remitirá el informe jurídico del secretario municipal a la Delegación del Gobierno del País Vasco para que analice su legalidad.
