MADRID. Gay dice en la misiva dirigida al presidente del tribunal, Pascual Sala, que durante el mandato de su antecesora, María Emilia Casas, insistió muchas veces "de manera infructuosa" en la necesidad de dirigirse al presidente del Senado y a los responsables del PSOE y del PP "para que dieran cumplimiento al mandato constitucional" y renovaran a los magistrados designados por la Cámara alta.

"Lamentablemente no llegó a hacerse, por lo que en numerosas ocasiones me oísteis decir que tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado", añade Gay, que recuerda que la sentencia que resolvía los recursos contra el Estatut de Cataluña se dictó con los cuatro magistrados nombrados por el Senado en funciones, lo que motivó las protestas de la Generalitat y el Parlamento catalán.

El vicepresidente del Constitucional continúa diciendo que a finales del año pasado a la situación de interinidad de los magistrados designados por el Senado -que se prolongaba ya más de tres años- se sumó la finalización del mandato de los nombrados por el Congreso -de tres de los cuatro, porque Roberto García Calvo había muerto en 2008 sin que se haya cubierto todavía su vacante-.

Entonces se volvió a recordar al Parlamento su obligación de renovar el tribunal, lo que se consiguió a medias, ya que el Senado sí aprobó sus cuatro nombramientos en diciembre, pero los grupos parlamentarios en el Congreso no fueron capaces de alcanzar un acuerdo para hacer lo propio.

"Hoy han transcurrido, desde entonces, cerca de seis meses y, a pesar de las gestiones (...) al más alto nivel institucional, sigue sin sustituirse el compañero del que el día 18 del mes pasado hizo tres años que falleció -lo que no había ocurrido en los 31 años de historia de este tribunal cuando, lamentablemente, se produjeron similares circunstancias- ni ninguno de nosotros tres", dice Gay.

El magistrado asegura que ya quiso renunciar el pasado mes de noviembre, nada más concluir su mandato, pero que se le pidió "expresamente" que no lo hiciera, ya que cuatro de sus compañeros llevaban tres años en funciones y no habían dimitido y, además, "había fundadas esperanzas de que en pocos días iban a renovar los dos tercios de magistrados" que habían cumplido su mandato.

"Transcurrido este periodo de tiempo sigo considerando imprescindible el respeto a la Constitución como norma suprema de nuestro ordenamiento de la que dimanan todos los poderes del Estado y, muy particularmente, la existencia misma de este tribunal", señala Gay, que afirma que la renovación del tribunal es una "obligación" y no una "conveniencia o necesidad".

También los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera justifican su renuncia en la no renovación del tribunal, según el texto de las cartas facilitadas por el Constitucional.

Así, Javier Delgado recuerda que la Constitución establece un mandato de nueve años para los magistrados y la renovación del tribunal por terceras partes cada tres años y diciendo que "las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y salen peor cuando no se cumple".

Elisa Pérez Vera alude asimismo al fin de su mandato de nueve años en su carta de renuncia, en la que asegura que la Constitución establece los "rasgos básicos" de la composición del tribunal, "con lo que diseña un órgano de características específicas que no pueden alterarse sin desvirtuar la voluntad del poder constituyente".

"Y eso es justamente lo que se produce cuando se incumplen los plazos para la renovación de sus miembros", concluye la magistrada.