La nueva mayoría de Lasarte emprenderá acciones legales por el 'caso Urchueguía'

Durante el pleno extraordinario celebrado en la mañana de ayer, los ocho concejales de ANV, PNV, PCLO, Ezker Batua y Hamaikabat abandonaron el salón de plenos en el momento en el que se procedía a leer el punto del orden del día sobre las conclusiones de la comisión de investigación que se ha llevado a cabo durante los últimos 18 meses en el municipio guipuzcoano.

El informe de conclusiones, elaborado por el secretario municipal y en donde se recogían fundamentalmente los argumentos esgrimidos por el grupo socialista -en algunos casos con párrafos enteros literalmente exactos- fue aprobado por los ocho votos del PSE -finalmente, Ana Urchueguía acudió a la sesión de ayer-, y el del edil del Partido Popular y presidente de la comisión de investigación, José Encinas, en un intento de dar carpetazo definitivo al caso Urchueguía, algo que imposibilitará la nueva mayoría lasarteoriatarra, dispuesta a llegar hasta el final en las presuntas irregularidades cometidas.

En este sentido, el candidato a la Alcaldía por Bildu, Pablo Barrio, confirmó a este periódico que una vez que tome posesión el nuevo ayuntamiento "tenemos intención de iniciar las acciones oportunas, incluidas las legales, para aclarar todos este asunto". Barrio no quiso adelantar qué forma tomarían este tipo de acciones, "ya que primero queremos recibir toda la información, centrarnos y poder actuar en consecuencia", si bien no descartó la contratación de un gabinete jurídico por parte del ayuntamiento lasarteoriatarra para que sea el propio municipio el que se persone en una causa, una figura que es la que defienden tanto el PNV como la Plataforma Ciudadana de Lasarte-Oria.

En la rueda de prensa posterior al pleno de ayer, la portavoz del PNV, Estitxu Alkorta, se mostró también partidaria de "abrir todas las vías legales" tras la constitución del nuevo consistorio y volvió a incidir en que, a juicio de su formación, las conclusiones de la comisión de investigación deberían haber recogido "los ilícitos penales" que de ella se desprende.

Ana Prieto, portavoz de la Plataforma Ciudadana de Lasarte-Oria, también incidió en su intervención en la misma idea de que "existen indicios racionales suficientes de la comisión de ilícitos penales y administrativos" y abogó por la contratación de un gabinete jurídico "que de forma y presente una denuncia por dichos hechos en el juzgado correspondiente".

comisión ineficaz El pleno de ayer trataba de cerrar la polémica comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de cooperación enviados a Somoto, y que ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición.

Las conclusiones aprobadas fueron elaboradas por el secretario municipal en poco más de dos folios, en los que se relatan todo un rosario de irregularidades en todos los procesos relativos a la gestión de la cooperación, si bien, a juicio del secretario, del citado informe no se desprenden ningún tipo de responsabilidades ni políticas, ni administrativas, ni penales.

Entre las irregularidades señaladas en su día por el secretario se citaban, entre otras, la falta de criterios para definir los planes de cooperación, la contratación verbal por parte de la exalcaldesa, la falta de documentación en dependencias municipales sobre los proyectos, la existencia de entidades sin soporte jurídico alguno que recibían subvenciones, la ausencia de obligaciones por parte de los adjudicatarios de las subvenciones, la falta de control financiero por parte de los órganos competentes o el nulo seguimiento de las subvenciones otorgadas.

En contraposición al informe del secretario, los grupos de ANV, PNV y PCLO presentaron una enmienda a la totalidad de cuarenta folios en donde detallaban de forma exhaustiva todas las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la cooperación, ampliaban la responsabilidad de Ana Urchueguía a los ediles socialistas Iñaki Mujica y Lourdes Acevedo -reelegidos como concejales el pasado 22 de mayo y que visitaron en numerosas ocasiones el municipio centroamericano de Somoto- y al propio secretario municipal, Xabier Egea, y proponían la contratación de servicios jurídicos para presentar las denuncias pertinentes ante los juzgados correspondientes.

El último capítulo hasta la fecha del caso Somoto se cerro ayer en medio de las críticas unánimes de toda la oposición que emplazaron -también de forma unánime- a la nueva mayoría municipal a que ponga luz de una vez por todas a las presuntas irregularidades del caso Somoto.