madrid. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a 20 militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas (entre ellos Ignacio Ellacuría) y dos mujeres en la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador en 1989 a los que acusa de los delitos de asesinatos terroristas y lesa humanidad o contra el derecho de gentes. Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado ayer, en el que decreta la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza en caso de que se les entregue, además de ordenar que presten fianza individual de 3.200.000 "para asegurar la responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles".

Los hechos por los que se les procesa ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López, a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Entre los procesados figuran los generales Rafael Humberto Larios -entonces ministro de Defensa- y Juan Rafael Bustillo, los coroneles René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares y el comandante Carlos Camilo Hernández Barahona.

matanza Velasco enmarca los hechos en la "polarización" que existía en esa época en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla, y recuerda que los jesuitas "habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones se llevase a cabo". Según relata el auto, un grupo de oficiales de élite, denominado la Tandona, adoptó la decisión de asesinar a los jesuitas, que fue ejecutada el batallón Atlacatl, a cuyos integrantes se les pidió que "simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes".

Velasco recuerda que en 1991 se celebró un proceso judicial en El Salvador contra varios militares, que califica de "defectuoso" ya que acabó "con dos condenas forzadas y la absolución de incluso asesinos confesos". El magistrado admitió en enero de 2009 la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).